Beauchef 850. Movimiento estudiantil de los 80

Movimiento Estudiantil de los 80 53 descontento, porque la dictadura reprimió no solo a secto- res de izquierda, sino que a cualquiera que apareciera de- fendiendo los derechos humanos. A partir de 1980 fuerzas políticas que al inicio habían apoyado el régimen ahora eran abiertamente opositoras. Se empezó una tendencia a la con- certación de fuerzas. Se apostaba a resistir porque se juntaron varias cosas: la Constitución del 80, la Ley General de Uni- versidades y la crisis económica de 1982”. 67 El año 1981 había sido emblemático para el régimen en cuanto a generar las leyes que determinarían no solo el deve- nir político del país, sino también el económico. De entonces son la Reforma Laboral, la nueva Ley Minera o la creación del nuevo sistema de pensiones (las AFP), entre otras. Y, dentro de estas otras, estuvo la Ley General de Universidades, una suer- te de contrarreforma universitaria que llevó a mercantilizar la educación superior. Se gestó con un objetivo claro: rediseñar la educación para favorecer la privatización y debilitar a las uni- versidades públicas que históricamente habían sido focos de pensamiento crítico y organización social. En esa ley se entrela- zaba el autoritarismo político con el neoliberalismo económico. La ley se implantó en el verano de 1981 (se promulgó el 3 de enero), cuando los estudiantes estaban de vacaciones, y su impacto fue inmediato. Entre sus disposiciones más significati - vas estuvo la fragmentación de las dos grandes universidades estatales: la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado (UTE), que tenían sedes en las principales ciudades del país (y que constituían los centros educativos históricamente más politizados). El argumento oficial sostenía que dividirlas permitiría una gestión más eficiente. En los hechos, se trataba de una estrategia política y económica: atomizar las posibili- dades de un movimiento estudiantil (y también de académi- cos); reducir territorialmente a Santiago el peso y la influencia social de las universidades nacionales; reducir la carga presu- puestaria en educación superior; eliminar la gratuidad para los estudiantes a cambio de un “crédito fiscal” pagable una vez terminada la carrera. Desde el inicio, los estudiantes leyeron la ley no como una modernización, sino como una amenaza directa a la educación pública y a la autonomía universitaria. Sin embargo, aún el movimiento estudiantil era incipiente y la resistencia se ma- nifestó con timidez en asambleas, pasillos y conversaciones a 67 Entrevista a Daniel Escobar, op. cit.