Gobernanza de plataformas digitales en Chile: antecedentes y recomendaciones desde la evidencia

de mayor participación social, aunque con una presencia limitada de la sociedad civil y un lugar preferente del sector empresarial en el proceso. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, la cuarta agenda , Agen- da Digital Imagina Chile 2013-2020 (Secretaría de Desarrollo Digital, 2013), mantuvo la orientación hacia el desarrollo digital del país, nuevamente sin una evaluación robusta de las experiencias previas. Luego, la quinta agenda , Agenda Digital 2020 (Comité de Ministros para el Desarrollo Di- gital, 2015), elaborada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, amplió el enfoque hacia el desarrollo integral, la inclusión y la masifica- ción del acceso digital, profundizando al mismo tiempo la alianza públi- co-privada como eje de la política digital nacional. Finalmente, la sexta agenda , Estrategia Chile Digital 2035 (CEPAL, 2023), representa un intento más reciente por proyectar una visión de largo pla- zo que supere el ciclo presidencial. A diferencia de las agendas anteriores, fue elaborada de forma conjunta entre el Senado, empresas del rubro y organismos internacionales, e incluye metas asociadas a derechos digi- tales, protección de la ciudadanía en el ciberespacio, reconversión laboral digital y estándares OCDE. No obstante, pese a esta trayectoria, la gober- nanza de plataformas digitales aparece todavía como un desafío insufi- cientemente desarrollado dentro de la política digital chilena. Desde la perspectiva de la gobernanza de plataformas digitales, la trayec- toria de las agendas digitales en Chile muestra una debilidad persistente: la escasa problematización de los desafíos institucionales, democráticos y de soberanía asociados a la operación de grandes empresas tecnológi- cas globales. En general, estas agendas han privilegiado medidas como el acceso, la modernización y el desarrollo digital, pero han abordado de manera limitada el impacto sociocultural de las plataformas y el rol del Estado como garante de la equidad social, la calidad democrática y los derechos ciudadanos en el entorno digital. Esta brecha resulta especialmente relevante si se considera que, según el estudio sobre Productividad en el Sector de las Telecomunicaciones (CNEP, 2024), el 86% de las personas mayores de 16 años utiliza Internet de forma regular. Sin embargo, dicho uso se concentra principalmente en fines recreativos, lo que evidencia desafíos pendientes no solo en materia de productividad digital, sino también de alfabetización mediática, infor- macional y digital. El rol del Estado es un eje fundamental en las Directrices de UNESCO. Desde 2024, la implementación del gobierno digital en Chile ha avanzado 35 34 POLICY PAPER N°10 / SERIE COMUNICACIONES