Policy Brief: La evaluación de políticas públicas desde un enfoque de valor público, para el fortalecimiento de la democracia en Chile

8 yectos - al igual que las políticas y programas - forman parte de un mismo entramado de intervenciones que interactúan y se complementan. Sin esta mirada conjunta, no es posible identi- ficar sinergias, duplicidades o brechas en la implementación, ni evaluar de manera completa los resultados e impactos de los planes estratégicos sectoriales y territoriales. En la práctica esto entorpece la implementación de dichos pla- nes, y en el caso de los territoriales restringe la concreción de las visiones territoriales y comunitarias de las y los ciudadanos, que a menudo involucran simultáneamente programas y pro - yectos que deberían ser analizados de forma integrada. Con la propuesta enviada al Congreso se pierde la oportunidad de lograr esa integración, y se genera una fragmentación de la toma de decisiones, que queda repartida en instituciones dis- tintas, y produce descoordinación entre las distintas iniciativas que componen un mismo plan. Lo anterior, no aborda la posibi - lidad de generar valor público desde una mirada integrada del ejercicio evaluativo per se y en proyección con lineamientos de desarrollo articulado del país. Si bien esta perspectiva contenida en el cuerpo del proyecto de ley es importante, no queda claro cómo aportaría a una visión más amplia de la evaluación de acuerdo con lo que se ha indicado, más allá de un énfasis en la coordinación pro- gramática. 4. RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA A partir de los antecedentes y análisis realizados en relación con la evaluación de políticas públicas con foco en la genera- ción de valor público, se presentan una serie de recomenda- ciones generales a la hora de impulsar una agenda de cambio dentro del actual marco legislativo e institucional actual en el país, como de aquellos elementos que puedan impulsarse en el futuro. Estas recomendaciones buscan orientar la discusión hacia la generación concreta de posibles soluciones, ante una proble- mática que consideramos real en el marco de la evaluación de programas, políticas y proyectos en el Estado. Creemos, por tanto, que esto facilita no solo la gestión y resultados de cali - dad, sino que una apropiación más adecuada por parte de las distintas partes interesadas de las diferentes acciones públicas en la resolución de problemas de la ciudadanía. En concreto, se proponen las siguientes recomendaciones ge- nerales en distintos niveles: En primer lugar, ampliar el alcance de los procesos de evalua- ción, que actualmente solo se enfocan en programas y proyec - tos, a todas las políticas públicas. De esta forma, se espera que la evaluación abarque todas las acciones que la admi- nistración del Estado implementa para enfrentar los diferen- tes problemas públicos. En ese sentido, podría incorporarse estas capacidades a la futura agencia de la calidad de polí- ticas públicas, como asimismo fortalecer las ya existentes en DIPRES y MDSF. En segundo lugar, se propone incorporar una evaluación mul- ticriterio que supere a la evaluación tradicional basada es- trictamente en un criterio económico. Esto implica tomar en consideración nuevos principios que releven, por ejemplo, di- mensiones sociales, políticas, ambientales, o de género, tanto en el monitoreo y seguimiento, como en el impacto de pro - gramas y proyectos públicos. Para ello, tanto su diseño como implementación deberían aprovechar las oportunidades del trabajo que se proponen desde el proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, articulando tanto a DIPRES como MDSF los enfoques adecuados. Esto úl - timo en línea con la primera recomendación entregada. En tercer lugar, se propone incorporar metodologías cualitati- vas en las evaluaciones de las distintas etapas del ciclo de vida de políticas, programas y proyectos públicos. El uso de estas metodologías de evaluación permite complementar la informa- ción proporcionada por metodologías cuantitativas al ofrecer una comprensión más matizada de las políticas públicas a partir de la experiencia de los propios usuarios y otras partes intere - sadas. En ese sentido, su incorporación debería ser parte del accionar institucional de aquellas áreas o servicios actuales o futuros en el Estado. En cuarto lugar, se propone reconocer que la evaluación tiene una función de producir conocimientos para generar aprendizajes que mejoren la acción pública. En particular, re- comendamos utilizar las evaluaciones para la mejora de los diseños y procesos de implementación de las políticas en las unidades pertinentes, como, asimismo, profundizar a través de ellas los procesos de transparencia y rendición de cuenta, alineados con las regulaciones y normativas de estas áreas que se encuentren vigentes. De esta manera, la evaluación no solo se enfoca en el desempeño, sino que favorece la innovación, el desarrollo de valor público y que sean social - mente responsables. En quinto lugar, se propone fortalecer la participación de las partes interesadas en la evaluación de políticas, programas y