Policy Brief: La evaluación de políticas públicas desde un enfoque de valor público, para el fortalecimiento de la democracia en Chile

4 sada en mediciones de desempeño (Henderson, 2017). Así, la función de evaluación de políticas y programas transita desde el control basado en insumos al control basado en resultados bajo criterios de eficacia, eficiencia y efectividad (CLAD, 1999). Este tránsito se refleja en el enfoque adoptado por la Dirección de Presupuestos (DIPRES, 2001) para la evaluación de progra- mas en Chile. A modo de ejemplo, la línea de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) introduce el análisis de re- sultados a nivel de propósito incluyendo cuatro dimensiones de desempeño: eficacia; calidad; eficiencia; y economía, o la lí - nea de Evaluación Focalizada en Ámbito (EFA) que introduce el análisis de costos para profundizar sobre la eficiencia con que un programa produce un determinado bien o servicio (DIPRES, 2016). Pese a que se han documentado efectos positivos asociados a la adopción de la NGP en el Estado chileno (Adrianzén et al., 2022), hay evidencia que indica que este enfoque presenta varios aspectos que son problemáticos. En primer lugar, las evaluaciones orientadas al desempeño se basan en una visión causal y mecánica de los problemas socia - les y sus soluciones (Vitalis & Butler, 2019), que no da cuenta del desenvolvimiento de problemas públicos complejos. Por ejemplo, las políticas públicas para abordar problemas como el maltrato infantil no pueden centrarse únicamente en la evalua- ción de su impacto, sin entender las múltiples causas que están en su origen, y la relevancia de la integración de los distintos sectores de intervención del Estado y de partes interesadas que buscan incidir en o están vinculados con el problema (Milho - rance et al., 2022). En segundo lugar, las evaluaciones orientadas al desempeño se basan excesivamente en mediciones cuantitativas (Haefner & Villegas, 2019), dejando de lado los atributos cualitativos (ej.: experiencia de participación) o contextuales (ej.: clima político, características de los territorios) que contribuyen a comprender cómo funcionan las intervenciones y los resultados que obtie - nen. En tercer lugar, las evaluaciones orientadas al desempeño se enfocan en determinar el nivel de desempeño de los progra- mas, sin recurrir al proceso evaluativo ni la información obte- nida para realizar una gestión del conocimiento y favorecer aprendizajes en los implementadores. Las evaluaciones orientadas al desempeño se enfocan en siste - mas de monitoreo de los resultados de programas y proyectos, pero no consideran la participación de las partes interesadas en aspectos clave como la opinión ciudadana sobre los problemas que justifican la intervención estatal o la satisfacción de los ciu - dadanos con los servicios (Egaña & Pliscoff, 2020; Pfiffner, 2004). Este último aspecto es particularmente relevante ya que, por el hecho de no incluir a las partes interesadas, la evaluación de programas limita su contribución a lo que ha sido concep- tualizado como un enfoque emergente en la administración pública: la creación de valor público (Bryson et al., 2014). Los gestores de políticas públicas y programas tienen actualmente la obligación de examinar el propósito de los programas y ser - vicios que ofrecen y mantener un diálogo democrático con las partes interesadas para asegurarse que existe una coherencia entre este propósito y las expectativas de la ciudadanía (Coats & Passmore, 2008). Dada la falta de participación de las partes interesadas en la evaluación de programas bajo el enfoque de la NGP, los gestores de políticas públicas no están en condicio- nes de conducir un proceso democrático que permita incluir la perspectiva de quienes se ven afectados por las políticas públi- cas en el diseño, implementación, y evaluación de programas y servicios. Incluir la participación de las partes interesadas en la evalua- ción de políticas públicas podría mejorar el acceso y calidad de la información, legitimar las decisiones políticas, favorecer los aprendizajes, entre otros (Palumbo & Torrigiani, 2013). En consecuencia, sostenemos que la evaluación de programas basada en el enfoque de la NGP no está respondiendo a todos los desafíos de un Estado democrático del siglo XXI. 3. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA En el país existe actualmente un sistema de Monitoreo y Evalua - ción (M&E), que cubre de forma integrada las acciones realiza - das por el gobierno, las mismas que se ubican en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), en la Subsecretaría de Evaluación (SES), y en el Ministerio de Hacienda, en la Direc - ción de Presupuestos (DIPRES). De hecho, “desde el año 2012, la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupues - tos han compartido la responsabilidad de ejecutar coordinada- mente el proceso de monitoreo 3 . Con base en la clasificación 3 La Ley N°20.530, que estableció el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en 2011, indica que éste debe velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas sociales a nivel na - cional y regional, lo que implica que asume responsabilidades adicionales a las que tenía previamente la DIPRES, especialmente en la evaluación del diseño de programas sociales y su monitoreo.