Policy Brief: Barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad

3. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA Los DSR son reconocidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (1995), al establecer que la salud sexual y reproductiva abarca un estado de bienestar mayor a la au- sencia de enfermedades reproductivas, sino que también comprenden la capacidad de decidir en torno a la salud sexual, la libertad de tomar decisiones y acceder a la información pertinente a su proyecto de vida. A nivel global, se ha avanzado en la discusión sobre DSR y discapacidad, donde de manera estratégica han sido incluidos en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente 3.7 y 5.6 (UN, 2019), y en los artículos 23 y 25 sobre salud de la CDPD. No obstante estos avances, persisten los desafíos para eliminar las barreras que dificultan el ejercicio de los DSR, es - pecialmente en el período de la niñez (UN, 2017), al ser tres veces más vulnerables al abuso sexual respecto de las niñeces sin discapacidad (OMS, 2021). Al no generar los mecanismos necesarios para garantizar los DSR en PcD hay mayores ries- gos de: embarazos no planificados, transmisión de infecciones sexuales, violencia de género y abusos sexuales (UNFPA, 2018; United Nations, 2019). Entre estas barreras se destacan la dis- criminación hacia la sexualidad de las PcD, el acceso a infor- mación y falta de educación sobre salud sexual y reproductiva. Discrminación como principal barrera Se reconoce dentro de la literatura que uno de los aspectos recurrentes son los estereotipos y estigmas que se le atri- buyen a las PcD en el ejercicio de su sexualidad (UNFPA, 2018; Shakespeare et al., 1996; Rohleder et al., 2018). Ya sea porque se les considera como personas asexuadas (Esmail et al., 2010; Milligan y Neufeldt, 2001) o porque les parece problemático a sus familiares (Neuman, 2021). Las PcD ven restringido su desarrollo en SSR bajo ideas estereotipadas de no ser sexualmente activas, por lo que no se les considera como población objetivo en estas materias y tampoco se les representa en campañas (UNFPA, 2018). Las discriminaciones se expresan a través de mecanismos le- gales que limitan la autonomía y el derecho de consentimiento de las PcD, restringiendo el acceso a la toma de decisiones en materias relevantes tales como la interdicción y los desafíos en el reconocimiento de capacidad jurídica, con mayor prevalen- cia en personas con discapacidad intelectual (Lathrop Gómez, 2019; Cárdenas Espinoza et al., 2019). Esto repercute en prác- ticas opresivas en el ejercicio de DSR en su intersección con discapacidad, evidenciados en privaciones de libertades sexua- les y reproductivas a través de la anticoncepción, esterilizacion, aborto forzado y uso de hormonas para detener el desarrollo sexual, todo sin el consentimiento de la PcD (Marshall y Iuspe, 2021; Holness, 2013). Esto limita la construcción de proyectos de vida de las personas con discapacidad, puesto que se enfoca en la restricción de su SSR en vez de la promoción de sus DSR, y la posibilidad de construir familia y desarrollar su identidad. En 2017, las Naciones Unidas denunció a Chile junto a 37 otros países por las esterilizaciones forzadas en PcD, sin em- bargo en Chile se ha continuado con esta práctica (Yupan- qui-Concha, 2021). Este tipo de intervenciones se realizan bajo las ideas erróneas de que las mujeres con discapacidad no están aptas para ejercer la maternidad, y también frente a la posibilidad de que pueda existir un embarazo producto de abuso sexual, lo cual no soluciona el problema del abuso, sino que únicamente el resultado de éste. Barreras en el acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva Las PcD actualmente tienen menor acceso a servicios de pla- nificación familiar y salud sexual y reproductiva (UNFPA, 2018). Además, usualmente tienen acceso restringido a la informa- ción y autonomía de decisiones respecto a la anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual (UNFPA, 2018). En Chile, 32.8% de PcD perciben a los servicios de salud como una barrera, en comparación con 20% de personas sin discapacidad (SENADIS, 2016). Lo que se puede atribuir a la infraestructura que no garantiza la accesibilidad universal, en conjunto con los costos asociados a las atenciones de salud, que suelen ser elevados para las PcD quienes tienen mayor probabilidad de presentar bajo nivel socioeconómico (SENA- DIS, 2016). Además de las carencias estructurales del sistema, las PcD tienden a experimentar barreras actitudinales por par- te de los y las profesionales de salud (Rohleder et al., 2018), siendo la falta de capacitación en la materia, un eje central desde donde se reconocen las falencias en la atención y en- trega de estos servicios (Craig et al., 2022). En Chile, 25.4% de PcD declara haberse sentido discrimina- da en un centro de salud (SENADIS, 2016). Dentro de estas experiencias se incluyen ciertos aspectos de la atención, en particular el manejo de información sobre prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual y sexualidad en general. Muchas veces la información no es oportuna res- pecto de la etapa del ciclo vital y su relación con SSR. Adicio- 5 UN I V E R S I DAD DE CH I L E Vicerrectoría de Inves tigación yDesarrollo INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN CREACIÓN ARTÍSTICA POLICY BRIEF