Nueva educación pública: contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización

88 NuevaEducaciónPública: Contexto, contenidos y perspectivasde ladesmunicipalización que creó una nueva institucionalidad para este nivel, y mientras se encontraba en segundo trá- mite constitucional la ley que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (20903/2016). La nueva educación pública constituyó el cuarto componente de este conjunto de cambios en el sistema escolar chileno, que—de acuerdo con el mensaje del proyecto de ley—se orientaban a generar un «sistema educacional de calidad e inclusivo, donde el Estado se hace garante efectivo del derecho a la educación y donde la sociedad se asegura que el foco de todo establecimiento educacional, sea privado o público, es el deseo de educar y lamejora permanente de los procesos educativos» y «acercaban nuestro país a las mejores prácticas internacionales, reforzando los principios que lo fundan y guían, consagrados en nuestra Ley General de Educación» (Mensaje del Proyecto de Ley que Crea el Sistema de Educación Pública, 2015). Es importante notar que el orden temporal con que se presentaron y aprobaron estos cam- bios generó una discusión pública durante el periodo 2014-2017, que (de acuerdo con varios actores) afectó la tramitación de la nueva educación pública. El Gobierno deMichelle Bachelet, a través de la Ley de Inclusión, optó por iniciar el camino de cambios regulando la educación privada y «nivelando la cancha» respecto a la educación pública, lo que produjo que varios líderes de opinión —de oposición y de la propia coalición de gobierno— criticaran el hecho de que la «desmunicipalización» y el fortalecimiento de la educación estatal fuera el último eslabón de una reforma cuya principal urgencia debía ser justamente la educación pública 2 . Las autoridades de la época reconocen que la decisión respecto al «orden» de las reformas afectó la tramitación de la nueva educación pública. Que laNEP fuera el último de los proyectos de la reforma habría tenido al menos dos consecuencias. Primero, su tramitación se produjo en un ambiente de mayor confrontación y polarización (provocadas por el debate sobre la Ley de Inclusión), lo que se habría expresado en un menor apoyo a este cambio: «Siempre se dio esta crítica de que debiéramos haber partido por la educación pública […], porque no tocaba grandes intereses a los cuales pudieras oponerte, no tenía oposición en abstracto […] había una cierta simpatía por cambiar lo público, la que en alguna medida se pierde por este orden de los pro- yectos» (entrevista a AdrianaDelpiano, exministra de Educación). En segundo término, el menor tiempo disponible para legislar y el desgaste del capital político gubernamental hicieron que el Gobierno tuviera menos fuerza para impulsar esta transformación, comunicar sus beneficios y convencer a los actores de su urgencia 3 . Para otros actores, sin embargo, existían buenas razones para que fuera la Ley de Inclusión el primer paso de la reforma, especialmente porque se trataba de un paso necesario para eliminar algunas regulaciones y controlar ciertos procesos considerados inequitativos y que afectaban negativamente a la educación estatal. Un ex ministro de Educación así lo explica: «La crisis de 2 En efecto, la propia presidenta Michelle Bachelet afirmó en una entrevista a un medio nacional, en el primer semestre de 2015, que había tenido dudas respecto a cuál era el mejor orden para presentar los proyectos de ley. La exministra Adriana Delpiano, al momento de asumir su cargo en junio de 2015, tambiénmanifestó pública- mente que hubiera preferido iniciar el trayecto de las reformas con la educación pública. Varios parlamentarios de gobierno y de oposición, así como también otros actores del sector educacional, plantearon públicamente esta misma apreciación desde que se inició la tramitación de la Ley de Inclusión. 3 Al momento de presentar el proyecto de nueva educación pública al Congreso, el Gobierno tenía niveles de aprobación de entre el 22%y 24%, muy lejos del 50%que alcanzaba cuando empezó su gestión y la discusión legislativa de las reformas (CEP 2015).