Cambio climático y desastres naturales : acciones claves para enfrentar las catástrofes en Chile

156 Las nuevas formas de producción forestal, los desastres y el cambio climático. formación que permita definir territorios de mayor riesgo y donde se vayan ordenando los “éxitos”, ya sea por la rapidez de respuesta, el uso de información integrada, la acción asociativa de las empre- sas, la relación con las otras entidades como CONAF y Bomberos y particularmente aquellos casos en los que las autoridades locales y la población organizada jugaron roles destacados. Un papel muy importante lo desempaña la Normativa sobre In- cendios forestales. Debieran generarse mejoramientos sobre re- glamentación, control y sobretodo fiscalización, que apunten a las causas más habituales que puedan incidir en la ocurrencia de focos de incendios como en su propagación en el territorio. Deben re- forzarse las responsabilidades de los propietarios sobre el material de desechos del bosque; el mejoramiento de las defensas natura- les y la mantención de cortafuegos, cuando los haya; la necesidad urgente de la limpieza de las fajas camineras por parte de Viali- dad, incluyendo el desbrozamiento periódico del material de su entorno. Lo anterior supone también que exista mayor capacidad fiscalizadora de inspectores de CONAF, de personal municipal, de las entidades públicas mencionadas y, procedimientos expeditos en trámites, multas y situaciones sobre las controversias en los Juzga- dos de Policía Local. No debe ser que la “limpieza del bosque y zonas aledañas” sea una materia sólo de buena voluntad, sino un imperativo legal, sujeto a fiscalizaciones, controles y gravámenes. Debiera reforzarse el papel de Carabineros al efecto. Son muchas las oportunidades en que el bosque descuidado y lleno de malezas y otros materiales combustibles, amplifican el peligro de incendios y favorecen su propagación. Este conjunto de acciones preventivas puede ser de gran eficacia, especialmente si están acompañadas de buenas campañas comunicacionales y educativas y si se refuerzan las indispensables fiscalizaciones de los servicios pertinentes. Tam- bién debe consignarse que, en la mayoría de los casos, es la acción humana la que está tras los inicios de los incendios forestales. Otro tanto ocurre con las empresas de generación y distribución eléctrica, donde históricamente un cumplimiento bastante irregu- lar de respeto por las franjas de trasmisión y el postaje eléctrico. En oportunidades la ausencia de limpieza y de fiscalización está a la base de algunos incendios forestales especialmente significa- tivos. Han existido progresos posteriores a los megaincendios de 2017, aunque todavía son insuficientes. Las investigaciones inda- gatorias judiciales se prolongan en el tiempo y de modo parcial establecen responsabilidades. Las campañas comunicacionales de corte informativo y educativo son abiertamente insuficientes y deben reforzarse; focalizarse en el sistema educacional; usar preferentemente las emisoras de radios con importante audiencia rural y, utilizar a plenitud los sistemas de información y comunicaciones de la red ONEMI y de Carabine- ros. Las empresas debieran cooperar en la elaboración de material comunicacional y de educación básica sobre obligaciones, actitudes y conductas esperadas del conjunto de los actores. Existe, en esta materia, un buen potencial de acción conjunta público-privada, y en los casos en que ello ha ocurrido, se observan importantes avances. La prohibición de “quemas agrícolas” desempeña un rol fundamen- tal en una normativa preventiva sobre incendios. Más allá del aviso o la temporada, se debe buscar una prohibición general de estas ope- raciones. A lo más, pudiere haber autorizaciones excepcionales con rigurosos controles y en zonas muy limitadas. El arraigo cultural de estas prácticas hace aún más compleja enfrentar estas situaciones. La fiscalización sigue siendo fundamental. No hacemos sólo refe- rencia a la que efectúan las entidades públicas, que trabajan con presupuestos bastante limitados. La autofiscalización de las empre- sas; la fiscalización generalizada en actividades de mayor riesgo; las exigencias sobre material de combate al fuego y, el control de