Kinesiología y discapacidad, perspectiva para una práctica basada en derechos

76 (Grammond, 2010). Desde esta perspectiva, una sociedad ver- daderamente inclusiva tendría que ofrecer condiciones mínimas para que las personas en situación de discapacidad puedan vivir con dignidad y alcanzar una calidad de vida aceptable (Sze y Christensen, 2017). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis- capacidad (CDPD), ratificada por el Estado de Chile, plantea la inclusión como un proceso a través del cual la sociedad se adapta e integra a las personas con discapacidad en sus sistemas sociales. Esto ha permitido establecer un cambio de paradig- ma para dar mayor dignidad a personas con discapacidad y los esfuerzos se han re-direccionado hacia las mejoras de las condiciones de su entorno (ONU, 2006). De esta forma, Chile se suma a los países que avanzan en inclusión de minorías por mucho tiempo invisibles en la sociedad y que han sido tratadas históricamente como objeto de caridad. El transporte brinda movilidad a las personas en las ciudades, convirtiéndose en un sistema relevante para el acceso a otros servicios, por lo tanto se considera necesario para el bienestar y calidad de vida de las personas a quienes les da mayor au- tonomía en las ciudades (Pooley, 2016). En este contexto, el transporte público se transforma en un elemento clave para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, ya que la libertad de movilidad que brinda este servicio proporciona la posibilidad de llevar una vida activa socialmente (Almada y Renner, 2015). Por ello, la siguiente revisión tiene como propósito reflexionar acerca de las personas en situación de discapacidad, la importancia del acceso de estas al transporte público y los derechos humanos fundamentales. Los ejes de la reflexión se han realizado en torno a las siguientes temáticas: a) transporte, discapacidad y políticas públicas, b) derecho al transporte público, c) sostenibilidad, movilidad y transporte público, e d) Implicancias en la kinesiología y rehabilitación. Transporte, discapacidad y políticas públicas. Los diferentes modelos teóricos sobre discapacidad han contri- buido a guiar políticas públicas que han tenido como propósito mejorar las condiciones de vida y asegurar la dignidad a este grupo considerado especialmente vulnerable (Cecchini, 2017). Desde esta perspectiva, se ha transitado desde paradigmas que abordan la discapacidad como una anormalidad y enfer- medad de las personas, hacia enfoques que emergen desde la perspectiva del derecho, impulsada fundamentalmente por organizaciones internacionales de derechos humanos, cuya lógica es lograr igualdad entre las personas. Al considerar el enfoque de derecho en el desarrollo de políticas públicas, el Estado se compromete y contrae la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad; esta obligación implica organizar todo el aparato gubernamental para que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de estos derechos (ONU, 2006). Pese a esto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha indicado que, para los países Latinoa- mericanos incluyendo Chile, ha sido difícil integrar el enfoque de derechos como marco de referencia para propiciar políticas y programas que incorporen transversalmente y de manera universal los derechos humanos (Cecchini, 2017). Si bien se ha avanzado en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con discapacidad a nivel global, no ha sido suficiente para disminuir la profunda desigualdad que sufre este grupo de personas en la sociedad (Stang, 2011). La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la población con discapacidad se encuentra en mayor situación de pobreza que personas sin discapacidad, dándose este fenómeno inclusive en países desarrollados. Esto se relaciona con mayor riesgo de enfermar y una evidente dificultad para acceder a servicios básicos, salud, estudios formales y empleo en condiciones de igualdad (Organización Mundial de la Salud, 2011). La accesibilidad se menciona en el artículo Nº9 de la CDPD y se refiere a la obligación general de los Estados Partes a promover un diseño universal y la elaboración de normas que fomenten la accesibilidad y la movilidad personal (SENADIS, 2017). Dentro de este marco regulatorio, el transporte público tiene un papel fundamental en la lucha contra la exclusión social al proporcionar a las personas los medios para acceder a los puestos de trabajo, los servicios y las redes sociales a las que todos deben tener (CEPAL, 2011). Por supuesto, la pro- visión de transporte por sí sola no puede resolver el complejo patrón de circunstancias que conducen a la exclusión social; sin embargo, es una herramienta vital para garantizar que las personas tengan los medios para conectarse con el mundo en general y aprovechar las oportunidades que este ofrece. De acuerdo con Sze y Christensen (2017, p.3) “el transporte es uno de los componentes clave que soporta la integración comunitaria de personas con discapacidad, el mayor acceso al traslado se relaciona con percepción de mejor calidad de vida y bajos niveles de aislamiento social”. Un sistema universal de transporte público mejora la inclusión social, dado que favo- rece el cambio de conducta tradicionalmente aislada que han tenido las personas en situación de discapacidad, y por otra parte facilita la movilidad social al ampliar las oportunidades de desplazamiento entre diferentes grupos sociales, con las ventajas que esto conlleva en términos de ingresos, seguridad de empleo y desarrollo personal (Lattman, Friman, y Olsson, 2016; Starzynska et al., 2015; Sze y Christensen, 2017). Las personas con discapacidad aumentan el sentido de la autode- terminación cuando cumplen con los mismos intereses de las personas y la sociedad, como ir al colegio, trabajo, participar en otras actividades personales, sociales y acceder a bienes y servicios con igualdad (Tillmann et al., 2013). La inclusión social desde una “perspectiva socio espacial, debe aportar a la calidad de vida urbana, en términos de co-construir un sentimiento colectivo y una cultura ciudadana donde las comunidades e individuos participen en forma activa de los beneficios de la ciudad” (CEDEUS, 2018, p.15). Por tanto, la falta de acceso al transporte público de personas en situación de discapacidad provoca una segregación social en que estas ven vulnerado su derecho a la participación y autonomía en las ciudades (Almada y Renner, 2015; Starzynska et al., 2015; Velho,