Más comunidad más prevención: manual para gestión local de seguridad

Manual: Más Comunidad Más Prevención 15 Capítulo I. Conociendo la seguridad ciudadana en el gobierno local tiene la mayor o absoluta responsabilidad frente a este tema, mientras que los gobiernos intermedios y locales tienen escaso margen de actuación. En países como Brasil, Argentina y México, que tienen estructuras federales, los gobiernos locales poseen una mayor autonomía de trabajo, llegando a tener incluso cuerpos policiales pro- pios. Sin embargo, en varios de estos casos existe una escasa coordinación entre las autoridades centrales y las locales y entre los diferentes cuerpos policiales y los servicios de investigación. En esta clara visión de diferencias entre estados unitarios y federales podemos encontrar diferentes formas de diversificación del poder al interior del territorio: la descentralización y la desconcentración. Estas tienen que ver con la graduación del poder político que en concreto tienen los subniveles de gobierno. La dicotomía entre el centro y la periferia (federalismo dual) viene a ser reemplazada por un modelo cooperativo, un sistema de gestión de competencias (cooperative federalism; new federalism; funcional federalism, creative o extensive federalism), que rompe con la rigidez de los esquemas tradicionales y se dirige hacia una yuxtaposición entre periféricos y estado central, a raíz de que los ámbitos de competencias tienden a entrelazarse, sucediendo que tanto poder central como periférico comparten atribuciones legislativas y administrativas en materia ecológica o de seguridad ciudadana, por ejemplo. No son abundantes ni claras las determinaciones normativas de competencia exclusiva en la seguridad ciudada- na. Todo lo contrario. Estas competencias aparecen cada vez más dentro del ámbito de compartidas o comple- mentarias, acorde con el entendido de que se trata de un fenómeno complejo, multicausal, que demanda una actuación intersectorial. Como vimos, éstas pueden priorizar la contribución en acciones de control o subrayar las iniciativas de prevención. O bien, puede ser que participen en ambas con igual ahínco. El Instituto Igarapé sistematizó y analizó alrededor de 1.304 iniciativas de prevención implementadas en América Latina entre los años 1998 y 2013. De éstas sólo el 4% fueron financiadas con recursos propios de los gobiernos locales, aun cuando el 25% tenía a la ciudad como nivel principal de la intervención (Muggah & Aguirre, 2013). Estos datos podrían llevarnos a pensar que, inicialmente, los gobiernos locales invierten bastante poco en ini- ciativas de seguridad. El 34% de los municipios en Chile tiene un área dedicada a la seguridad ciudadana según un estudio realizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El 66% que no cuenta con un área especializada coincide en dos ra- “Entre el 2007 y el 2010, el presupuesto municipal destinado a seguridad ciudadana se duplicó, pasando de 72millones de dólares americanos a 151millones. El grueso de estos recursos se des- tina a financiar el funcionamiento de los serenazgos y sus centros de información y comunica- ciones. En una proporción menor, los municipios financian el equipamiento y la infraestructura policial, así como el pago a los efectivos policiales que colaboran con el servicio de serenazgo (Costa y Romero, 2011: 112)”