Palabra Pública N° 24 2021 - Universidad de Chile

“¿C uánto miedo residual per- manece en las estructuras sociales y en las personas independientemente de los cambios políticos ocurridos en la transición? De ser así, ¿de qué manera este miedo resi- dual puede afectar al proceso de transición a la democracia y de manera más permanente a la cultura política chilena?”. Con estas preguntas cerró Elizabeth Lira (1944) Psi- cología de la amenaza política y del miedo , coescrito con María Isabel Castillo y publicado en 1991 por el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), del que fue cofundadora y directora en sus años más influyentes. El libro es un estudio sobre las secuelas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dicta- dura con el que las autoras contribuyeron a comprenderlas no solo como un trauma de las víctimas individuales, sino como un problema ético y político que afectaba y compro- metía a toda la sociedad chilena. “Nunca pensé que tendríamos un factor tan poderoso para reforzar el miedo como lo fue la pandemia. Porque ha puesto la amenaza de muerte ante nosotros, que es la ame- naza más grande que tenemos los seres vivos. Cuando te expones a eso te haces vulnerable a ese miedo y angustia. La angustia es una emoción muy fuerte de sobrevivencia, te advierte que estás en peligro. Pero si te sientes crónicamente amenazado, el miedo pierde toda eficacia porque no te per- mite discriminar si estás amenazado o no. Y creo que, como sociedad, no alcanzamos a tramitar adecuadamente las cosas que nos pasaron”, dice Lira respondiendo a sus propias pre- guntas de hace 30 años, desde su oficina en el decanato de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, en un Santiago tenso y ansioso en la antesala de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre. Una de sus más recientes intervenciones públicas fue a propósito de la iniciativa, discutida en la Convención Cons- titucional, para terminar con el secreto de 50 años que pesa sobre los antecedentes y testimonios aportados a la Comi- sión Valech I, de la que fue comisionada. Firmó una declara- ción compartiendo la preocupación del expresidente Ricar- La psicóloga y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, una de las voces más escuchadas en derechos humanos durante los últimos 30 años en Chile y América Latina, reflexiona sobre el efecto corrosivo del miedo y el negacionismo sobre la convivencia política. Asustados por la pandemia y cargando una incapacidad para tramitar colectivamente los dolores del pasado, sostiene, chilenas y chilenos nos sentimos "crónicamente amenazados" y somos presas fáciles de la manipulación política de nuestras angustias. POR FRANCISCO FIGUEROA do Lagos por proteger la privacidad de las víctimas, pero al día siguiente escribió una carta en La Tercera preguntándose si acaso mantener el secreto era la mejor forma de hacerlo. “No soy muy partidaria de ningún secreto —agrega hoy—, por una razón simple: si es por cautelar la privaci- dad, eso ya estaba cautelado en la Ley 19.628 de 1999, que establece que esos datos (aportados a la Comisión Valech) no pueden ser publicados a no ser que lo autorice expresamente su titular, que es la persona que declaró. Por eso el secreto es redundante. Me parece que, al revés, hay que dar señales de diferenciar entre cautelar la privacidad de las víctimas y poner en evidencia la información que se tiene sobre el con- texto y los victimarios”. Con todo, Lira no cree que a personas como José Anto- nio Kast o al diputado electo Johannes Kaiser les sería más difícil relativizar la realidad del terrorismo de Estado (“un agravio a la inteligencia de las y los chilenos, a los jueces, y un agravio a la paz que hemos construido sobre la base de la verdad”, dice) sin el secreto: “no es por falta de información, es porque sus convicciones políticas y sus conceptos morales les hacen pensar que deben reivindicar a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos”. Una de las convicciones políticas que han estado en la base de este tipo de relativizaciones, Lira la encontró en la idea según la cual la violencia de Estado desatada en 1973 era resultado —y en cierta medida, responsabilidad— de la radicalización política de los años 60. Junto al historiador Brian Loveman, la sometió a juicio estudiando los modos en que el Estado había impuesto lo que las clases dirigen- tes entendían por reconciliación luego de agudos conflictos políticos entre 1810 y 2002. En los tres libros que publica- ron sobre la “vía chilena de reconciliación”, Lira y Loveman concluyeron, contra el mito de la excepcionalidad del golpe militar, que la violencia de Estado había sido una práctica sistemática del régimen político chileno. Su historia debía comprenderse, escribieron, como un orden “donde regía la impunidad como premisa implícita para gobernar”. Hay quienes sostienen que conocer la verdad e impar- tir justicia no basta, sino que tenemos que comprender , 42