Palabra Pública N°29 2023 - Universidad de Chile

E l derecho a la ciudad fue definido en 1968 por Henri Lefebvre como un clamor y una demanda , un llamado radical y revolucionario a la acción, a la apropiación de la vida urbana, donde sea- mos todas y todos quienes construyamos y disfrutemos de la ciudad. El golpe civil-militar de 1973 provocó un trágico y abrupto corte a todo intento por avanzar hacia ciudades y barrios más justos e inclusivos desde la auto- gestión popular, el activismo o la propia política estatal. Amparada en el terror, la dictadura inició una serie de medidas que reconfiguraron las bases de la ciudad y la llenaron de máquinas generadoras de riqueza, y espa- cios de consumo, garantes de una vida individualista y segregada. Si entendemos las ciudades no como me- ros repositorios de prácticas sociales, sino como partes constituyentes —condicionantes de y condicionadas por— dichas prácticas, podremos ver como el espacio urbano es reflejo de las políticas y la ideología impues- tas a partir de 1973. A 50 años del golpe civil-militar, las ciudades chilenas continúan funcionando bajo la premisa neoliberal, es decir, como espacios dominados por el consumo, segregados y excluyentes. Sin embargo, los esfuerzos por recuperar el disfrute de la vida urbana y las oportunidades, especialmente para quienes han sido privados de ello, permanecen como un desafío. rodrigo caimanque Arquitecto, Universidad de Chile. PhD en Planificación del Desarrollo, University College London. Profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. columna reconquistar el derechoa la ciudad Tras el golpe, la ciudad comenzó a entenderse como un poderoso dispositivo de generación de riquezas me- diante la explotación del suelo y la mercantilización de la vivienda y la vida urbana. La infame Política Nacional de Desarrollo Urbano, de 1979, definiría el suelo como un bien no escaso, cuyas reglas de localización e inversión en vivienda serían dictadas por los principios de la ofer- ta y la demanda, lo que inició un proceso especulativo sobre el suelo garantizando la ganancia inmobiliaria. Estos cambios implicaron un abrupto debilitamiento de la planificación urbana y territorial, reduciéndola a instrumentos reguladores. Los ajustes a esta política, realizados en 1985, solo operarían como tibios cambios a una visión de ciudad donde el mercado se constituye como el principal determinante del desarrollo urbano. La violencia y represión en poblaciones y campamen- tos también tuvo profundos impactos en la configuración de la ciudad. A las graves violaciones a los derechos hu- manos sufridos por pobladoras y pobladores de escasos recursos se sumó un proceso de segregación a gran esca- la, correspondiente a las operaciones de erradicación de más de 28 mil familias provenientes de comunas como Las Condes, Ñuñoa o Santiago, relocalizadas en comu- nas periféricas como La Granja, Puente Alto o Pudahuel, carentes en ese entonces de equipamientos, infraes- tructura y conectividad adecuada. La desarticulación y eliminación de asentamientos populares como solu- ción habitacional, así como los simbólicos cambios de nombres de poblaciones emblemáticas —como Nueva La Habana, hoy Nuevo Amanecer en la comuna de La Florida— son muestras de un engranaje represivo pro- fundamente conectado con los procesos de desarrollo urbano neoliberal: especulativo, segregador, excluyen- te y generador de riquezas en nuevos suelos y áreas de oportunidad disponibles. Si el mercado del suelo se convirtió en un activo de en- riquecimiento y acumulación basada en operaciones de desarrollo urbano, la vivienda social, de acuerdo con los investigadores Hidalgo, Paulsen y Santana, dejaría de ser vista como un derecho social y se convertiría en un nuevo engranaje del mercado inmobiliario. Bajo el principio de la subsidiariedad, y como parte de los procesos de desar- ticulación de las políticas sociales y el debilitamiento del Estado, la vivienda se sustentaría en la postulación indi- vidual y despolitizada, y en la competencia entre quienes 62