Palabra Pública N°29 2023 - Universidad de Chile
S e habla de “fuga de cerebros” cuando un país pierde una cantidad significativa de personas altamente capacitadas que emigran en busca de mejores oportunidades. En Chile ha sido un pro- blema histórico —y lo sigue siendo—, pero tras el 11 de septiembre de 1973 cobró otro sentido con la persecución y expulsión de científicos e investigadores partidarios o simpatizantes de la Unidad Popular. “Los académicos que han debido salir del país son incontables; no ha habido fuga de cerebros, sino una expulsión masiva de ellos”, decía en 1978 el historiador Hernán Ramírez Necochea en la revista Araucaria de Chile , editada por intelectuales chilenos en el exilio. En lamisma publicación, Enrique Kirberg, exrector de la Universidad Técnica del Estado (ute) —quien había estado detenido dos años en Isla Dawson y luego partió a Estados Unidos y Uruguay—, señaló que de acuerdo con la Comisión Na- cional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), 639 científicos e investigadores habían salido del país solo entre el 10 de diciembre de 1973 y el 10 de octubre de 1974, lo que representaba el 21,5% del total nacional. Entre ellos estaba Romilio Espejo Torres, bioquímico y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2018, quien aban- donó Chile en diciembre de 1973. El actual académico del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (inta) de la Universidad de Chile era militante del Partido Comunista al momento del golpe de Estado. Durante el gobierno de Allende, había de- jado su puesto en la academia para irse a trabajar en ciencia aplicada al Instituto Tecnológico de Chile (intec), de la Cor- fo. Allí avanzaba en el estudio de la biolixiviación, es decir, el uso de bacterias para recuperar cobre desde el mineral. “La industria del cobre había sido recién nacionalizada, entonces eramuy atractivo trabajar y tratar de hacer avan- ces científicos y tecnológicos en algo que nos pertenecía a todos”, recuerda. Pero los militares allanaron el intec el 24 de septiembre de 1973 y Romilio Espejo estaba en la lista de personas que buscaban. Estuvo 38 días detenido en el Estadio Nacional, pero no tenían de qué acusarlo más allá de apoyar a la up. Su destino era ser trasladado a Chacabuco, el mayor campo de prisioneros de la dictadura, pero las influencias del mundo científico lo evitaron. Varios colegas escribieron a sus conocidos en el extranjero buscando apoyo, entre ellos, los bioquímicos Hermann Niemeyer y Tito Ureta. Así llegaron al biólogo molecular estadounidense Robert Sinsheimer, secretario de la Academia Nacional de Cien- cias de ese país y exprofesor guía de Espejo en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), quien intervino para solicitar su liberación. “Creo que eso fue lo que más influ- yó en que no me llevaran a Chacabuco junto con los otros colegas. La ayuda de Sinsheimer vino directamente desde Estados Unidos por vía diplomática”, sostiene. Quienes vivían en el extranjero tenían más posibili- dades de intervenir a favor de los perseguidos. En Chile, cualquier comentario podía considerarse sospechoso. “Quien intentara hacer algo a favor de los detenidos era acusado de ser partidario de la Unidad Popular y era su- ficiente para que enviaran a alguien a Chacabuco. Sí recuerdo acciones que para mí fueron muy importantes, por ejemplo, una carta de la Sociedad de Biología de Chile, donde se decía que yo era un buen científico y una buena persona. Eso, en ese tiempo, era muy valioso y también valiente. Habían provocado un miedo tal en la gente que pocos se atrevían a hacer algo”, recuerda Espejo. Enunacartaenviadaa larevista Nature enenerode1975, el biólogo chileno Luis Izquierdo denunció que, a la fecha, las universidades que concentraban el 75,6% de los estudian- tes en Chile habían perdido cerca del 29%de susmiembros, es decir, unas cinco mil per- sonas. El golpe más duro lo estaban viviendo las cien- cias sociales, con el despido de cientos de académicos y el cierre de múltiples cen- tros y departamentos. “Un gran número de alumnos, docenteseinvestigadoresna- cionales, latinoamericanos y extranjeros fueron cesantea- dos, encarcelados o asesinados, y una buena parte de ellos vieron interrumpidas sus posibilidades de trabajo en un campo académico que perdió la autonomía”, sostienen Juan Morales y Justino Gómez de Benito en el libro Historia de la sociología en Chile (2022). María Luisa Tarrés y Francisco Zapata, ambos docto- res en Sociología —hoy profesores e investigadores de El Colegio de México—, se habían instalado en Chuqui- camata en 1972. Él iba designado por la Central Unitaria de Trabajadores (cut) para estudiar la situación laboral de los trabajadores del cobre, pero ella partió sin contra- to, aunque al poco tiempo logró un puesto para investigar la situación de la población minera. “El mineral estaba recién saliendo de la organización de los gringos . Estaba todo engringado , no había escuelas secundarias, todo es- taba en inglés”, recuerda Tarrés. Le llamó la atención la pobreza de los trabajadores del cobre y sus familias, de ahí que se centrara en gestionar la instalación de una escue- la secundaria, un microbús y, luego, una guardería. Poco antes del golpe también había conseguido que algunos trabajadores obtuvieran becas para estudiar en la ute. El 11 de septiembre de 1973 ella estaba en Chuquicama- ta, pero Francisco en Santiago, donde había viajado para negociar el contrato colectivo de los trabajadores con el go- bierno. Fueron días en que ambos estuvieron detenidos, en «De acuerdo a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), 639 científicos e investiga- dores habían abandonado el país solo entre el 10 de diciembre de 1973 y el 10 de octubre de 1974, lo que significaba el 21,5% del total nacional». 45
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