Palabra Pública N°29 2023 - Universidad de Chile

lasmemorias y los discursos históricos que legitimaron y va- lidaron el golpe de Estado se anclaron en amplios sectores de lasociedadcivil yel sistemapolítico. Estorepercutióenque la fractura del golpe nunca sanódel todo, ya que lasmedidas de verdad, justicia y reparación recayeron fundamentalmente en iniciativas del Poder Ejecutivo y en iniciativas legislativas presas de las mayorías circunstanciales de turno. En otras palabras, las memorias sobre la crisis de la Unidad Popular y la justificación del golpe de Estado quedaron enfrentadas a nivel sociopolítico y en términos excluyentes. El Estado, desde el Poder Ejecutivo, desarrolló demanera sistemática desde comienzos de la década de 1990 diversas políticas de esclarecimiento del pasado, vinculadas con las violaciones a los derechos humanos y las condiciones que posibilitaron la instalación y desarrollo de la dictadurami- litar apoyada por civiles. Enmateria de justicia, la solución a la que el sistema político llegó, en base a la premisa del derecho liberal, fue entregar autonomía al Poder Judicial para revisar causas interpuestas por particulares en contra de los responsables de los delitos cometidos por la dicta- dura, con asistencia del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia en la mayoría de los casos. Esta solución político-jurídica repercutió en un progresivo crecimiento de las causas a revisión del Poder Judicial y generó críticas desde la sociedad civil por la tardanza en las respuestas judiciales y por la “impunidad”. Como con- traparte, desde algunos sectores que apoyaron la dictadura militar se acusó una “politización” y una “persecución” ha- cia los criminales de lesa humanidad. Al quedar ancladas las políticas de verdad, justi- cia y reparación al Poder Ejecutivo, en desmedro de la creación de iniciativas legislativas y reformas constitu- cionales que dieran garantías de no repetición, se tendió a permitir el crecimiento de las memorias que legitiman la violencia dictatorial. Memorias que crecen de la mano de expresiones político-partidarias que las defienden ante nuevas generaciones que, al carecer de programas educativos que afronten sin ambages la condena al golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos, per- ciben este hito como algo lejano e, incluso a veces, como un mal necesario. La pervivencia de memorias que justifican la muerte, el asesinato, la desaparición y el robo de bienes públicos constituye una rémora que, a 50 años del golpe de Estado, expresa los desafíos en términos de la institucionalización de la justicia transicional en Chile. Pero también prueba la consistencia política de la memoria de los cómplices civi- les de la dictadura y que, en el contexto político actual, no tienen reparos en justificar lo injustificable. Las complejas relaciones entre la historia, la memoria, la verdad y la justicia no pueden quedar solo al amparo de la opinión de la sociedad civil. Deben ser desarrolladas también por el Estado, pero en consideración de los límites claros que le corresponden en esta materia. La obligación de verdad es su tarea; es decir, a él le atañe documentar la historia sobre las violaciones a los derechos humanos y la identificación de sus responsables, ya sean individuales, colectivos o institucionales. En paralelo, el derecho a la me- moria es una garantía de la sociedad civil que el Estado debe asegurar, peroque tiene como límite el reconocimientode la verdad de las vulneraciones cometidas. La historia, en este punto, necesariamente entra en tensión con lamemoria. Avanzar en la institucionalización de sentidos comunes y principios éticos sobre la verdad y la justicia sigue siendo un desafío para la sociedad chilena. Para ello, es necesario que la historia y las memorias se encuentren en la política, aquella actividad que reflexiona en torno a los fundamen- tos y límites de la comunidad en la que queremos vivir. Soldados de juguete en instalación realizada en el frontis de LaMoneda, 11 de septiembre de 2013. Crédito:MartinBernetti / afp 43