Palabra Pública N°25 2022 - Universidad de Chile

EDITORIAL ca de diversas áreas: con el trabajo junto al Instituto Nacional en Educación, en la interacción con el sistema público de salud, en el apoyo a la instalación de los gobiernos regionales. Por ello resulta tan importante la discusión que hoy se da en torno a qué es una universidad pública. Pienso que el fondo del asunto no es económico, pues en Chile históricamente siempre ha habido financiamiento fiscal para universi- dades privadas, las cuales, para recibirlo, nunca necesitaron que se les rebautizara como públicas. Cabe preguntarse entonces por qué algunas privadas desean lla- marse públicas, y qué algoritmo permitiría distinguirlas de las otras privadas que no quieren o no merecieran llamarse así. Actualmente, las universidades privadas pueden competir de manera muy ventajosa con las públicas, precisamente por las ventajas que dentro del actual modelo tiene el mundo privado. Pueden más fácilmente captar y privatizar bienes y servicios que pertenecen al bien común. Por su parte, las universidades públicas hacen la transferencia contraria. Nos resulta natural que la mejor sala de concier- tos para Chile se esté construyendo con financiamiento de esta Universidad o que esta también financie el hospital que forma a la mayoría de los especialistas para los sistemas público y privado. Nótese a qué costo nuestra Universidad ha mantenido su hospital para servir al sistema público de salud en vez de traspasarlo a agentes privados. También nos resulta natural que, al revés del resto del mundo, en Chile universidades privadas acrediten a las públicas. A diferencia de las privadas, las universidades públicas siguen rigurosas nor- mas de transparencia y rendiciones de cuentas. La permanencia de sus académi- cos no está sometida a arbitrariedades. Y, a propósito de la importante cobertura que este número de Palabra Pública hace de las elecciones en nuestra Universidad, los integrantes de sus comunidades eligen a sus autoridades. Nadie objeta que quienes han gozado de ese privilegio sigan perpetuando las ventajas del mundo privado a la vez que sigan recibiendo financiamiento público. Pero es distinto que se pretenda tergiversar conceptos que para las universidades públicas son definitorios e identitarios. A ninguna de nuestras universidades se le ocurriría, por ejemplo, arrogarse por sí y ante sí categorías como pontificia o católica. Esta discusión entonces está en lo medular de la nueva Constitución, a saber, la necesidad de reconstruir el sistema público de nuestro país, el que fuera devastado por los académicos chilenos formados en Chicago. No entenderlo es ignorar las causas del profundo descontento social evidenciado en 2019 y las consecuentes transformaciones a las que nos debemos sentir convocados. Se dice que la pertenencia al Estado no debería ser lo que define a la uni- versidad pública. Quizás eso sea cierto. Lo que define a las universidades públi- cas puede que no sea tanto el hecho de a quién sí pertenecen como a quién no pertenecen. No pertenecen a ningún grupo de interés ni institución financiera, religiosa ni ideológica. Pertenecen, son parte y defienden el bien común de todos los ciudadanos. 2