Palabra Pública N°23 2021 - Universidad de Chile

EDITORIAL Las universidades públicas, en este nuevo escenario, deben ser consideradas en cuanto instituciones proveedoras de bienes públicos y garantes del derecho a la educación supe- rior. Ellas han de cumplir con sus diversos roles: docencia, investigación, creación y vin- culación con el medio, mediante una estructura de financiamiento que tiene que contar con aportes directos, asignados y controlados por criterios de desempeño, pertinencia, logros y metas comunes. Quizás lo más importante de la modalidad de financiamiento es permitir que el joven profesional perciba íntimamente que ha contraído una deuda virtuosa con la sociedad en un contexto solidario y no una fatigosa obligación individual con un banco. El actual Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales busca instalar la for- mación ciudadana como rasgo identitario de nuestro sistema, a través del trabajo interins- titucional para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo integral y sustentable del país. También se debe valorar la ética en su comportamiento cotidiano, lo que abarca desde la honorabilidad que un estudiante muestra en los procesos de evaluación hasta el compromiso con una mayor equidad social. Las universidades públicas son universidades domiciliadas, centradas y focalizadas en cada región, lo que les permite ser actores significativos en la necesaria descentralización del país. También debe entenderse la relevancia que para la calidad de vida de nuestra población tienen las artes, humanidades y ciencias sociales, en las cuales las universidades participan activamente, fomentando un vínculo siempre bidireccional con la sociedad. En este momento histórico, donde debimos enfrentar una pandemia con el com- promiso cabal de una sólida comunidad científica vinculada a nuestras universidades, y donde estamos comenzando este proceso constituyente, algunas de las grandes tareas que el país deberá asumir son las de replantear nuestra matriz productiva e ingresar a la sociedad del conocimiento. Necesitamos entender a la sociedad desde una mirada sistémica, enfatizando su co- hesión y búsqueda de bien común, y no como una coexistencia de intereses individuales y grupales. Las universidades hemos dado un ejemplo avanzando en constituirnos en instituciones que colaboran y se complementan entre sí. Las universidades públicas pueden y deben criticar constructivamente desde el ám- bito del Estado, pero siempre buscando el bien común y con lealtad para con el sistema gubernamental, nacional y regional, y para con el Parlamento. No pueden ser instrumen- tos en la política contingente ni representar intereses económicos o ideológicos de grupo alguno. Deben seguir sirviendo a la creación y codificación de conocimiento, y destacar en el ámbito de la comunicación global por su libertad respecto de afanes de lucro que contradicen las posibilidades de concordar en políticas globales, hoy necesarias para la sustentabilidad planetaria. Las universidades públicas valoramos que el país comience a protagonizar una gran conversación para la reconstrucción del bien común, la que nos hará reflexionar sobre nuestro marco de convivencia y la necesidad de enmendar las concepciones erradas que se nos han impuesto. Lo hacemos desde un absoluto respeto por la potestad y legitimidad del organismo elegido para redactar la nueva Constitución, a la vez que expresamos nuestra disposición a contribuir y servir a este proceso y al país en todo lo que se nos requiera. 2