Palabra Pública N°21 2021 - Universidad de Chile

dad diplomática (1993), y culminaban con una periodis- ta asilada en Estados Unidos, Alejandra Matus, autora de El libro negro de la justicia chilena (1999). Entre medio, la censura cinematográfica, las leyes de desacato —como el artículo 6b de la Ley de Seguridad del Estado, que sancionaba con cárcel la necesaria fisca- lización que debía tener el periodismo sobre todos los poderes y sus autoridades— y la ausencia de voluntad política de quienes encabezaban la transición bajo la premisa de que el mercado lo regulaba todo, incluido el derecho a la información. 2. Cuando analizamos el escenario actual en materia de libertad de expresión y derecho a la información, la pregunta que surge es por qué Chile a lo largo de estas décadas siguió siendo uno de los países que aparecían en los informes internacionales con escandalosos índices de concentración de los medios y un consiguiente déficit de pluralismo y diversidad. Quizás una respuesta apuntaba a las características de la transición, que si bien abría importantes compuertas democráticas luego de 17 años de dictadura, en materia de medios requería de aliados afines a la lógica de mante- ner ciertos enclaves autoritarios y un modelo económico que, por su agresividad y naturaleza, trasuntaba el cam- po de la economía para instalarse como un depredador de la propia democracia. Porque la privatización a ultranza, que no solo afectó a empresas públicas, recursos naturales y servicios básicos (hasta el agua), sino también a derechos como salud, edu- cación o pensiones —por citar las demandas de un estallido social que a estas alturas amenaza con repetirse—, sin duda requería de una narrativa homogénea y acrítica que un pe- riodismo independiente y fiscalizador no les garantizaba. PeroChile cambió, y ese cambio no es ajeno al periodismo. Hoy se han documentado más de 300 ataques a la prensa entre agresiones y detenciones a reporteros y me- dios independientes efectuados desde octubre de 2019; han sido ampliamente denunciados los seguimientos y espionajes por parte de Carabineros y Ejército a perio- distas de investigación; las declaraciones públicas de las tres ramas de las FFAA pronunciándose sobre una ru- tina humorística emitida en La Red en un acto delibe- rativo y respaldado por el Ministro de Defensa, siguen causando escándalo; las presiones y telefonazos desde la Presidencia de la República a los dueños de dicho canal han sido condenadas por un sector amplio de la opinión pública; etcétera. Claramente, para una parte importante del perio- dismo, las prácticas y rutinas profesionales propias de los años 90 quedaron atrás, y al igual que octubre de 2019, el ejercicio del periodismo en distintas escalas ha protagonizado su propio estallido, enfrentándose a las élites, fiscalizándolas sin condescendencia y ejerciendo el derecho a la información, incluso a través de Twitter y otras redes sociales. Sin embargo, no estamos ante un proceso fácil. Si aten- demos a las palabras de la filósofa estadounidense Wendy Brown, expresadas en estas mismas páginas, “el neolibera- lismo ha separado la libertad de la democracia para con- vertirla en antidemocrática, para hacerla compatible con el autoritarismo, y eso es lo que vemos hoy en la derecha”. De allí que no sea casual que estemos transitando un momento político marcado por una regresión autoritaria como res- puesta gubernamental a la peor crisis institucional desde el retorno a la democracia, con un claro retroceso en los ámbi- tos de la libertad de expresión y el derecho a la información. Retroceso que hoy ese periodismo que protagonizó su propio estallido resiste con la convicción de quienes tam- bién recuperaron el sentido del concepto dignidad para el mejor oficio del mundo, como alguna vez lo describió García Márquez. 5