Palabra Pública N°19 2020 - Universidad de Chile

porativo y Sociedad de la Universidad de los Andes y el Círculo de Directores, que entre sus conclusiones señala que la élite chilena tiene una visión “idealizada” de la realidad de las personas que viven en las comu- nas de nivel socioeconómico medio y bajo, “siendo la clase media más pobre y frágil de lo que los encuesta- dos perciben”. O bien, que la élite parece desconocer la verdadera magnitud de cómo la sociedad chilena está cambiando, “pues se subestima la diversidad social y de género que hoy se da en los cargos de alta dirección en las principales empresas de Chile”. El problema no es sólo que en la burbuja se encuen- tren los mismos de siempre. Otro factor gravitante es la hegemonía de los grandes empresarios en el control de los medios de comunicación y, por tanto, en la inciden- cia y contenidos del debate público. El malestar de la ciudadanía hacia las coberturas in- formativas de los grandes medios, especialmente ante las movilizaciones sociales, ha sido elocuente. No es un se- creto la credibilidad y prestigio del que gozan los medios independientes, comunitarios, o periodistas de investi- gación que a través de las redes informan en momentos en que la opacidad mediática ha sido evidente, como ocurrió en pleno peak de la pandemia. La frase de que “periodismo es todo aquello que el poder quiere ocultar; el resto es relaciones públicas”, en el Chile actual cobra relevancia dramática. Basta leer ahora el reportaje publicado el 29 de octu- bre último por el sitio “La voz de los que sobran”, donde el periodista Luis Tabilo denunciaba las reuniones secre- tas del presidente de la República y sus ministros con altos ejecutivos y rostros de televisión en medio del es- tallido de octubre de 2019. El medio online consignaba una declaración del presidente de la Federación de Tra- bajadores de Televisión (Fetra TV), Iván Mezzano, fir- mada el viernes 25 de octubre de 2019 y presentada ante la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), sobre la cita ocurrida el sábado 19 de octubre: “Nos permitimos denunciar una práctica inconstitucional y antidemocrá- tica por parte del Gobierno y su ministro del Interior, el que ha citado en el curso de esta semana a todos los directores ejecutivos de medios televisivos a La Moneda, lo que implicaría una clara intervención en la definición de las líneas editoriales y de prensa para cubrir la infor- mación de los medios respecto del estallido social que hoy conmueve al país”. Sin duda, la libertad de expresión y la diversidad de medios de comunicación que contengan discursos y mi- radas plurales son esenciales para medir la fortaleza de una democracia. También para instalar conversaciones que efectivamente enriquezcan y densifiquen el espacio donde se produce el diálogo ciudadano. De todo esto adolece el Chile de las últimas décadas y así lo han señalado diversos informes internacionales, como el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 31 de diciembre de 2015, que señalaba que, en Chile, “la concentración de medios en pocas manos tiene una incidencia negativa en la demo- cracia y en la libertad de expresión, como expresamente lo recoge el principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH”. Desde su pri- mer pronunciamiento sobre el tema, la Corte Interame- ricana señalaba que se encuentra prohibida la existencia de todo monopolio en la propiedad o administración de los medios de comunicación, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y reconoció que “los Estados deben in- tervenir activamente para evitar la concentración de pro- piedad en el sector de los medios de comunicación”. En ese contexto, y cuando en el país se debate el Chile del futuro al que aspiran las grandes mayorías, en medio de este debate constituyente, resulta funda- mental recordar que mientras los tratados de derechos humanos exigen que los Estados adopten medidas para prohibir restricciones directas o indirectas a la libertad de expresión, la Constitución de 1980 sólo prohíbe el establecimiento de monopolios estatales de los medios de comunicación, y no se refiere a los privados. Corregir esta distorsión, que atenta contra el dere- cho a la comunicación y la libertad de expresión, re- presenta todo un desafío y una gran oportunidad no sólo para que nuestras élites conozcan el país profundo o para que los gobiernos de turno no intenten coartar la libertad de expresión. También implica que cuando se diseñen políticas públicas, los ministros de turno no se sorprendan cuando ellas fracasen al estrellarse con el Chile real. 5