Palabra Pública N°19 2020 - Universidad de Chile

EDITORIAL cativo que fueran los más jóvenes quienes iniciaran el estallido que habría de terminar cuestionando la Constitución. No quieren que sus vidas se desarrollen en una sociedad fundamentada en valores extremadamente in- dividualistas y egoístas. Hay una búsqueda de una nueva ética que abra espacio a la cohesión social para que, revirtiendo la primacía de intereses circunscritos, comencemos a recuperar un sentido de bien común. Por eso resulta tan significativo que las manifestaciones hayan prove- nido, en primer lugar, de estudiantes de aquellos liceos donde tradicional- mente todos los jóvenes chilenos podían obtener una educación de alta calidad. El desmantelamiento de la educación pública fue una factor clave en la pérdida de cohesión social. Destaquemos a este respecto los esfuerzos recientes de nuestra Universidad, junto con la Municipalidad de Santiago, por realizar un trabajo conjunto con el Instituto Nacional. No es cierto, como a veces se ha sugerido, que los estudiantes secun- darios y universitarios desafectados pidan mejores condiciones dentro de la lógica del sistema, tales como atenuar el endeudamiento o reducir aranceles. Por el contrario, esos jóvenes denuncian la ausencia de futuro, de valores. Está en juego la relevancia de las ciencias, tecnologías, artes y humanidades y el diseño de una nueva matriz productiva para Chile, con nuevas categorías de empleo y nueva inserción en el mundo en estos tiem- pos globalizados. Y en todo esto, la Constitución es la clave. Resulta ilustrativo que en la actual propuesta presupuestaria de Educación Superior se resten fon- dos a las universidades tradicionales para transferírselos a las privadas que no pertenecen al CRUCH, argumentando que ello es consecuencia de la política de gratuidad. Pues bien, la forma como en definitiva quedó esa política no fue decisión ni del Gobierno ni del Congreso anterior, ni tampoco de los rectores de la época, sino que la última palabra fue del Tribunal Constitucional, al establecer que “resulta inconstitucional que a los estudiantes vulnerables se les imponga para el goce de la Gratuidad, condiciones ajenas a su situación personal o académica, como es el hecho de encontrarse matriculados en determinadas universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales”. Cada cual puede juzgar si, en esta moneda de dos caras, se está favoreciendo a “los estudiantes vulne- rables” o a “determinadas universidades”. Cuando el 25 de octubre se acuerda cambiar la Constitución, se está pidiendo construir un nuevo modelo de sociedad. Lo hace una ciudadanía descontenta, que quiere hablar, ser escuchada y participar efectivamente en la construcción de una comunidad basada en otros valores. 2