Palabra Pública N°16 2019 - Universidad de Chile

POR PAMELA EGUIGUREN D entro de las causas del estallido social que nuestros jóvenes gatillaron hace ya seis sema- nas, la salud es una dimensión que ocupa un lugar central en las demandas. En muchas de las pancartas se plantean consignas que re- flejan las insuficiencias del acceso a una atención de salud oportuna, continua, humanizada y de calidad, pero también que el sistema social, político y econó- mico en el que vivimos condiciona nuestra salud de manera integral y fundamental. Desde la salud pú- blica, hace muchas décadas que la evidencia señala que son las determinaciones sociales la fuente más importante de enfermedad o de protección frente a ella, poniendo alertas sobre la necesidad de políticas públicas que promocionen en todo orden y desde los distintos sectores, la salud y el buen vivir, abordando determinantes sociales de la salud. Sin embargo, los logros económicos se han puesto progresiva e insen- El derecho a la en el debate constituyente hasta las más básicas para la vida humana. El alcance de estos derechos en Chile está limitado por lógicas de mercado que abandonan a los individuos a sus propias posibilidades de satisfacer sus necesidades. Este diseño de sociedad se ha ido adueñando progresivamente de todos los espacios, y lo ha hecho sobre la base de la ge- neración de niveles inaceptables de desigualdad, con brechas insostenibles entre una gran parte de la pobla- ción cuya vida se ha precarizado, frente a reducidos grupos privilegiados vinculados al poder económico que disfrutan con creces de un buen vivir. En este contexto, hoy en la discusión ciudada- na ha emergido fuerte y claro el derecho a la salud como un derecho social que debe ser reconocido en nuestra Constitución, que no admite dudas sobre el deber del Estado de garantizarlo. La salud, cuyo concepto se ha medicalizado en extremo, debe apro- ximarse más a la noción de bienestar integral y no sólo a la ausencia de enfermedad. La necesidad de un cambio sustancial del articulado que aborda esta ma- teria tiene que ver con que el texto actual de nuestra Carta Fundamental sólo establece el derecho a la protección de salud a través del acceso a un sistema de atención de salud y sus acciones. Su modificación debe apuntar a la salud que se construye en la suma de las condiciones sociales, culturales y económicas, y es el Estado quien debe garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para su ciudadanía. Otro punto fundamental que hay que desmantelar en la Constitución es la dualidad de la respuesta frente a las necesidades de salud, lo que instala una elección obligada entre el sistema público o privado, a partir de la cual las personas deben suscribir y, más grave- mente, aportar su contribución a la seguridad social en un sistema u otro, lo que resta solidaridad y ca- pacidad redistributiva a la salud. La sociedad chilena tiene en el cuerpo casi cuarenta años de esa dualidad, siblemente por delante de los indicadores del bien- estar humano y colectivo. Una de las consignas que resume el discurso del malestar es: “No era depre- sión, era el sistema”. Frases como esta resuenan para los y las salubristas que han venido encendiendo las alarmas respecto de las cifras de depresión y otros trastornos de salud mental en la población chilena y sus vínculos con ejes de desigualdad social, por ejemplo, género, ya que las mujeres doblan en cifras de prevalencia en varios trastornos a los hombres. Hablando del sistema, la penetración de la doctri- na neoliberal en nuestra sociedad se relaciona con la falta de protección del Estado ante garantías de dere- chos sociales fundamentales, como educación, salud, trabajo, pensiones dignas y muchas otras necesidades, 86