Palabra Pública N°16 2019 - Universidad de Chile

Y pese a que todos los informes de organismos de de- rechos humanos sobre Chile luego del estallido son si- milares (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y coinciden en la gravedad de tales violaciones, existe una diferencia que apunta a la palabra sistemática , que alude a responsabilidades políticas del gobierno, cuyo discurso ha sido traspasar dichas responsabilidades a Carabineros y Ejército, este último durante el Estado de Emergencia decretado por Piñera a horas del estallido social. En este marco, diversos sectores y organizaciones de DD.HH. de la sociedad civil encabezadas por la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile han llamado a “un gran acuerdo por los derechos humanos”. En él se plantea el cese de la represión, de los discursos de confrontación y empate, y el establecimiento, mediante la justicia, de responsabilidades penales y administrativas, así como políticas. También se recomienda la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación no sólo para establecer un relato compartido y confiable sobre esta grave crisis de DD.HH. , escuchando a las víctimas y proponiendo medidas de reparación, sino también para contribuir en la búsqueda de antecedentes de primera fuente que documenten el horror. Porque sin duda el debate en torno al término siste- mático —que no es solo semántico— lo tendrá que di- lucidar la justicia luego de investigar caso a caso dónde están las responsabilidades políticas y penales de quienes, ejerciendo las más altas funciones del Estado, por acción u omisión permitieron estos atropellos, al igual que las de aquellos que torturaron, abusaron, violaron o les arran- caron los ojos no sólo a casi 400 personas, en su mayoría jóvenes, sino simbólicamente a toda una generación. Una generación que creció sin miedo y que, a diferencia de sus padres o abuelos, no está disponible para habitar un futuro basado en la impunidad. Una impunidad expresada también en el hecho de que las Fuerzas Armadas y de Orden no están obligadas, como sí lo está el resto de los organismos públicos, a entregar al Archivo Nacional una copia de sus documentos. Esto, gracias a la Ley 18.771, vigente desde el mes de enero de 1989, promulgada por Pinochet, que les permite a las instituciones armadas destruir archivos o documentación sensible sin violar la ley. Al respecto, no resulta sorprendente el robo de computadores que contenían archivos de testimonios y denuncias de violación de DD.HH . desde las depen- dencias de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dado a conocer por el presidente de esta entidad a me- diados de diciembre, como tampoco las amenazas de muerte a líderes sociales y de DD.HH . ocurridas en las últimas semanas. La crisis de derechos humanos que atraviesa hoy el país tiene su base en la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El estallido social iniciado el 18 de octubre último demostró no sólo el cuestionamiento de una sociedad ante un sistema socioeconómico que estaba acabando con la dignidad de todo un país sino que, junto a ello, hizo evidente que las agrupaciones de DD.HH . tenían razón cuando declaraban que la promesa del Nunca Más no era tal y que el Chile de las últimas décadas se había construido sobre la base de la impunidad y del fortaleci- miento de discursos negacionistas ante los crímenes de lesa humanidad. Por ello la urgencia de un acuerdo transversal sobre derechos humanos en Chile que realmente garantice que estos hechos que hoy conmueven a la opinión pública na- cional e internacional no volverán a repetirse nunca más. Esta es la base de cualquier proyecto de futuro. Sin este pacto, los cuervos seguirán arrancándonos los ojos ante cada crisis social y política que enfrente el país. 5