Palabra Pública N°16 2019 - Universidad de Chile

“Si ante el temor que nos genera la violación hemos de protegernos restándonos de los espacios en que puede ocurrir, ¿cómo podremos participar en el debate y las acciones sobre nuestro futuro como sociedad?”. SILVANA DEL VALLE BUSTOS Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres Directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano sexuales por su participación pública, eliminándoles de la misma, y permitir con ello que los grupos privilegiados do- minen a los pueblos, con un especial ataque a las etnias, razas y clases consideradas peligrosas, y en específico a las mujeres pertenecientes a tales identidades. Como conse- cuencia de esta agresión, no sólo se logran tales objetivos, sino que además se impide que mujeres y niñas podamos influir en el foro público y que aportemos con nuestras propuestas políticas a la eliminación de las estructuras de dominación y opresión. Las razones por las que el castigo político durante conflictos armados ha sido dirigido hacia el cuerpo-mu- jer se encuentra en la significación que se le da a nuestra sexualidad y nuestra posición como género en la sociedad (Catherine MacKinnon). Es el peligro que representamos como extensión de la vida y resistencia a la muerte lo que se intenta anular. Y es por ello también que la VPS puede abarcar a cuerpos identificados con aquello que difiere del cuerpo-varón hegemónico (blanco, heterosexual y rico), a fin de castigarles por su feminización, o bien feminizarlos para otorgarles el menor valor que el patriarcado asigna al cuerpo femenino. Así, la VPS en conflictos con alto grado de violencia, como el que estamos viviendo desde el 18 de octubre en Chile, se realiza a través de actos colectivos, pú- blicos y no aislados, muchas veces asociados a otras humi- llaciones específicas dirigidas contra aquella otra identidad desvalorada que la persona agredida posee. La VPS revela, entonces, un modus operandi en su masividad y asociación a otras formas de violencia. Por eso no es de extrañar que en Chile los ya al menos 70 casos de VPS denunciados al INDH vayan aparejados de ya más de 250 mutilaciones oculares a manos de Carabineros. No obstante, lo más complejo para mujeres y niñas no es que la VPS se trate de una estrategia dirigida en nues- tra contra. Se ha documentado que en acciones de guerra, como las ocurridas en Vietnam, los soldados, tras violar y asesinar a mujeres, al ser interrogados indicaban que habían recibido órdenes de matar pero no de violar. Esto implica- ría que la VPS como tipo penal internacional puede come- terse como estrategia (bajo órdenes) o como una práctica tolerada por el contexto social (Elizabeth Jean Wood). Pero más allá de los tipos penales, lo preocupante es que, sien- do la VPS una práctica tolerada por la estructura social, lo sea en cualquier tiempo y no sólo en tiempos de guerra o crisis. He ahí el carácter político per se de la violación sexual, “un proceso consciente de intimidación por medio del cual todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de temor” (Susan Brownmiller). Si ante el temor que nos genera la violación nos protegemos restándonos de los espacios en que puede ocurrir, ¿cómo podremos parti- cipar en el debate y las acciones sobre nuestro futuro como sociedad? Por ello, que la VPS ocurra permanentemente en tiempos de la llamada “paz”, como demuestran las 284 denuncias de violencia sexual cometidas contra mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas entre 2010 y 2018 (El Desconcierto), y el 44,4% de par- lamentarias a nivel mundial que han recibido amenazas de muerte, violación o palizas (Unión Interparlamentaria), es altamente peligroso. La impunidad, así, está asegurada. Finalmente, el ciclo de impunidad se cierra en VPS cuando hombres del mismo grupo atacado participan en las violaciones, como se documentó respecto de Sendero Luminoso y Tupac Amaru en tiempos de Fujimori en Perú. Si la basurización de nuestros cuerpos (Rocío Santiesteban) es confirmada por nuestros propios “aliados”, la expulsión de nuestras vidas del debate político se sella. Entonces, que no sepamos las cantidades exactas de agresiones sexuales en conflictos como el de Guatemala (1.400 a 9.400) o Yugos- lavia (14.600 a 60.000) o que sólo se haya llegado a una miserable condena en Chile por tortura “con connotación sexual” durante la dictadura de Pinochet, es parte de la mis- ma VPS como práctica socialmente tolerada. En este escenario, sin embargo, la politicidad de las mujeres ha sido fundamental para denunciar la impuni- dad, que impide tanto castigar a todos los violadores de DD.HH . tras 1973 como conocer las razones de las muer- tes de muchísimas mujeres catalogadas por el Estado como “hallazgo de cadáver” o incluso suicidio, pese a ser encon- tradas flotando en ríos, con bolsas plásticas en su cabeza, quemadas o envenenadas (Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres). La persistencia en nuestra lucha, que nos ha permitido nombrar la VPS cometida por el Estado, hoy más preocupado de la destrucción del capital que de la vida, nos permitirá seguir saliendo a las calles a mujeres y niñas. Nos permitirá encontrar los cuerpos de Tanya Acia- res de Copiapó y Paola Alvarado de Curacautín, asesinadas por violadores y femicidas antes del estallido social, y que el Estado de Chile se niega a buscar. Nos permitirá, en defini- tiva, seguir construyendo nuestra propia justicia. Esta columna fue escrita la semana del 9 de diciembre de 2019. 67