Palabra Pública N°16 2019 - Universidad de Chile

nes de los hechos son diametralmente opuestas. “Mientras la sociedad civil hace una gran cantidad de denuncias, el Estado se toma el tiempo para decir la cantidad de daños materiales que se han producido en el contexto de las protestas […]. Si importan más los bienes materiales que la vida, que la integridad personal, pues ahí se mar- ca una gran diferencia entre las visio- nes que podamos tener de las cosas”, asegura Vargas. Hernán Salinas y Mijail Boni- to intercambian miradas y de vez en cuando se acercan y se hablan al oído. Las palabras de Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH y asesora en temas de infancia, niñez y adolescencia para organismos internacionales, los in- terpelan. “Mi llamado al Estado es a que encuentre en esa fuerza de los adolescentes una fuerza de progreso, de desarrollo, de compromiso”, dice la abogada panameña para abrir paso a los comentarios del relator especial para la Libertad de Expresión, Edi- son Lanza, quien le pide al Estado una respuesta frente al patrón de disparos por parte de Carabineros, que ha dejado a más de 200 personas con heridas oculares. El relator cierra preguntando por otro patrón: las su- puestas presiones, telefonazos y reu- niones que el gobierno ha tenido con directores de medios de comunica- ción para delinear las coberturas pe- riodísticas sobre las movilizaciones. El embajador ante la OEA toma el micrófono y a medida que habla comienza a elevar el tono. Hernán Salinas acusa al relator Vargas de “des- valorizar la posición del Estado”. “No estamos hablando de daños materia- les, estamos hablando de los derechos humanos de todos quienes han sido vandalizados en sus personas y en sus bienes. Y eso quiero dejarlo claramen- te establecido aquí, señora presidenta, porque es inaceptable”, alega el abo- gado y cierra su intervención. Bonito contesta: “el propio gobierno, a través del Ministerio del Interior, dio instruc- ciones a Carabineros de defender y custodiar a varios canales de televisión que iban a ser saqueados (…). Desde el gobierno han salido las órdenes para permitir, justamente, que la libertad de prensa siga funcionando correcta- mente en Chile”. Sin embargo, lo que no considera el asesor es lo que varios periodistas han catalogado como un “atentado a la libertad de prensa”: des- de el primer día del estallido social, el presidente de Chile no ha respondido ninguna pregunta de las y los periodis- tas que trabajan en La Moneda. *** Claudio Nash, Doctor en Dere- cho y coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comu- nicaciones de la Universidad de Chile, critica el manejo del gobierno en el resguardo del orden público a partir de medidas que no han sido “ni opor- tunas ni efectivas”. Recordando a los cientos de hombres, mujeres, niñas y niños con lesiones oculares, Nash cie- rra su intervención con una analogía: “la dictadura militar chilena quedó marcada en la historia por la desapa- rición forzada de personas como un instrumento de terror. Este gobierno pasará a la historia por los cientos de jóvenes que vivirán con mutilaciones oculares como consecuencia de la vio- lencia opresiva. No estamos hablando de casos aislados, estamos ante el terror instalado como práctica sancionatoria y atemorizante. Desde la antigüedad que la humanidad no veía un uso semejante de la ceguera como instru- mento para callar a la ciudadanía”. Los representantes del gobierno conversan entre ellos y de a poco se retiran del salón con sus rostros duros. El público se acerca a los representan- tes de la sociedad civil y a la defensora de la Niñez para felicitarlos. La postal de un Estado expuesto frente a las pre- sentaciones de organizaciones sociales y organismos autónomos se proyecta con fuerza esa tarde desde Quito. Con el paso de las semanas, los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch reafirma- ron las alarmas que sonaron con más fuerza tras la audiencia de la CIDH. “Chile desmiente el Informe de Co- misión de Derechos Humanos”, ti- tuló El Mercurio el 21 de octubre de 1975. “Gobierno rechaza y califica de ‘irresponsable’ duro informe de Amnistía Internacional”, se lee en La Tercera el 21 de noviembre de 2019. Una incómoda coincidencia que persigue al Estado tras 44 años. De- masiado incómoda, por cierto, para los esfuerzos de Sebastián Piñera por proyectar una imagen conciliadora, democrática y tajante en la defensa de los derechos humanos. Esta crónica fue escrita la primera se- mana de diciembre de 2019. “Nash cierra su intervención con una analogía: ‘la dictadura militar quedó marcada en la historia por la desaparición forzada de personas. Este gobierno pasará a la historia por los cientos de jóvenes que vivirán con mutilaciones oculares como consecuencia de la violencia opresiva”. 34