Palabra Pública N°16 2019 - Universidad de Chile

L os gestos casi siempre dicen más que las palabras. Mijail Bonito (44), abogado cubano, defensor del Estado chileno, ha hablado poco más de 22 minutos en total y ahora escucha, alternando su mirada hacia al frente y hacia abajo —con un dejo de preocupación—, la última intervención de la audiencia. “¡¿Carabineros capacitados?! —lanza la abogada Patricia Muñoz (41) y el énfasis en la pregunta impor- ta—Le puedo decir, por si el señor Bonito no sabe, que Carabineros tiene instructores de derechos humanos liderados por la coronel Soza, que ha hecho un esfuerzo porque su institución respete los derechos humanos, pero ellos no son los que hacen la formación de las fuerzas policiales; quienes la hacen son exgenerales, excorone- les o personas en retiro que de derechos humanos no saben”. El asesor del gobierno de Sebastián Piñera gira hacia su de- recha. Allí se encuentra, uniformada, Karina Soza, jefa del De- partamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile. “¿Es cierto?”, le pregunta Mijail Bonito segundos antes de que aquella tarde del lunes 11 de noviembre el salón del Swissôtel Quito se llenara de aplausos para la defensora de los Derechos de la Niñez. Los gestos dicen más que las palabras y eso parece saberlo la coronel Soza, que con la mirada fija en su computa- dor asiente tímida, incómoda. El desafío para los representantes de la sociedad civil es grande. No sólo porque ocho personas tengan un total de 20 minutos para hablar sobre la situación de los derechos humanos ante la CIDH, sino porque los representantes del gobierno de Sebastián Piñera son conocidos por ser de la “facción más dura”. A eso apuntan las críticas de Patricia Muñoz, que se pregunta dónde están los representantes de las subsecretarías de Derechos Humanos y la Niñez. Para ella, la respuesta es clara: “la delega- ción que se presenta desde el Estado es la mejor manifestación de la forma que ha elegido el gobierno de Chile para enfrentar una crisis social: la represión policial a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”. *** Tres casos de impactos de proyectiles balísticos y 730 de proyectiles no balísticos, de los cuales 122 implican lesiones oculares. Fracturas de costilla, perforaciones de pulmón, esguinces cervicales. 48 casos de torturas y apremios ilegítimos que van desde golpizas rei- teradas, quemaduras e intentos de ahorcamiento, hasta amenazas e intimidación, vejáme- nes y humillaciones. La exposición de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile en la audiencia dio cuenta de un país mutilado por las fuerzas policiales, que amparadas en la impunidad siguen reencarnando los horrores de la dictadura chilena. Los datos presenta- dos por la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fueron igualmente brutales: un total de 174 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de vulneraciones a los derechos humanos a lo largo de Chile. 12 de ellos heridos de bala, otros 12 por perdigones y cinco que han presentado traumas oculares. El panorama narrado por las organizaciones sociales e instituciones autónomas no deja indiferente a nadie. El público escucha atento y cada tanto más de una cabeza se “La exposición de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile en la audiencia dio cuenta de un país mutilado por las fuerzas policiales, que amparadas en la impunidad siguen reencarnando los horrores de la dictadura chilena”. 32