Palabra Pública N°14 2019 - Universidad de Chile

L a educación, en especial la pública, es una materia que debiera siempre invitar a un debate nacional constructivo, de convergencia, de convicción de estar hablando de algo que está en la base del bien común de la sociedad. Que hoy nadie parezca sentirse cabalmente iden- tificado con la nueva legislación univer- sitaria es de por sí un indicador de un clima social alterado. A las nuevas leyes se llega por un complicado proceso en el que partici- pan el gobierno anterior, su oposición, el Tribunal Constitucional y las opiniones de diversos protagonistas. En general, los debates fueron más la expresión de intereses restringidos que la de asumir al sistema de educación superior en su conjunto desde la perspectiva de benefi- ciar a la sociedad. Esto no debiera resul- tar sorprendente en un contexto en que, ya por décadas, se han sobre enfatizado los aspectos mercantiles de la educación y se ha incentivado, muy equivocada- mente, la rivalidad entre instituciones como supuesto motor de progreso. Una cuestión principal para enten- der este debate es preguntarse en qué medida los distintos sectores políticos e ideológicos consideran a la educación pública una institución con la que se identifican, si la sienten como algo pro- pio o, por el contrario, la ven como una alternativa ajena, incluso en la otra orilla. Normalmente la educación públi- ca ha sido altamente valorada de modo Misión, valores e institucionalidad de la educación pública se considera que estas últimas tenían aranceles mucho más altos, diferencia imposible de atribuir a mayor calidad. Más aún, se ignora que parte de la me- joría de las estatales se debe a que estas subsidiaban a estudiantes de los deciles más bajos, lo que ahora es asumido por la gratuidad. La propuesta de quitar el beneficio de gratuidad a quien se exceda del tiem- po nominal de egreso y exigirle, así, que financie la mitad del arancel, parecería basarse en castigar por igual al estudian- te y a la institución, en el supuesto que ambos han fallado. Este criterio ignora especificidades básicas del proceso edu- cativo, pero, por sobre todo, ignora la idea de institución. En Chile se han intentado natura- lizar como verdades autoevidentes afir- maciones que trastocan el sentido de la universidad y la educación. Entre ellas están el hecho de entender la formación profesional como una transacción eco- nómica individual o de promover la se- gregación social a partir de la capacidad de pago de la escolaridad. Una cuestión central a recuperar en la discusión de financiamiento de la educación superior es el de la institu- cionalidad. A las universidades públicas ha de pedírseles que cumplan su rol de formación de profesionales junto con labores de investigación, innovación y extensión en un contexto de pertinencia trascendente. Una universidad es mucho más que un lugar donde individuos obtienen tí- tulos. El Hospital Universitario forma especialistas esenciales, sin los cuales el país no tendría sistema de salud público ni privado. En la Universidad de Chile se cultivan las artes y se promueve la cultura desde sus museos, orquesta y ballet. La universidad no es simplemen- te un lugar donde ciertas personas se benefician educándose. Más bien es la relación inversa: para que esas personas puedan formarse, se requiere de institu- ciones con una historia a la vez propia e inserta en la generación, conservación y transmisión universal de conocimien- tos y saberes. Son esas instituciones las que el país debe defender, financiar, evaluar. Con ellas debe permanente- mente conversar. POR ENNIO VIVALDI Rector de la Universidad de Chile EDITORIAL transversal por los impulsores de los más diversos proyectos de sociedad. Por ejemplo, una ideología que enfatice los derechos y las responsabilidades indivi- duales, como lo hace el liberalismo, re- quiere de mecanismos por los cuales el potencial de cada persona pueda expre- sarse, independientemente de la capaci- dad económica o el contexto cultural de sus familias. En otro ejemplo, cuando algunos idearios políticos enfatizan la idea de Nación, sin duda la educación pública contribuye de modo irrempla- zable a la cohesión nacional, articulando los diversos segmentos sociales. La universidad estatal se ha mante- nido en Chile con muy altos estándares. El país debiera ser informado de lo que factualmente ha ocurrido en los ámbitos público y privado para poder evaluarlos y compararlos. Cuáles son las prefe- rencias de los estudiantes expresadas al momento de postular. Cuáles son las tasas de retención, de graduación y de empleabilidad. Cuánto sabemos o po- demos saber del destino de los fondos que cada universidad recibe, dudas que se han exacerbado tras el cierre de algu- nas universidades privadas. Qué univer- sidades presentan políticas y resultados de inclusión social exitosos. La lectura de un reciente informe, en el que se afirmaba que la política de gratuidad conllevaría a un incremento de ingresos para las universidades estata- les y una disminución para las privadas, cambia totalmente de sentido cuando 1