Palabra Pública - N°10 2018 - Universidad de Chile

Para pensar y reformar desde sus cimientos el sis- tema educacional se requería independencia de los intereses que se sostenían en el negocio de la educa- ción y por lo tanto, enfrentar al gran empresariado que ha hecho de nuestros derechos, un negocio. El primer gobierno de Michelle Bachelet y los cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría mostraron, en cambio, la lealtad inquebrantable que tenía con los intereses económicos de los holdings dueños de universidades y centros de formación técnica, de los bancos proveedores de créditos para estudiar y de la iglesia dueña de colegios particulares subven- cionados, entre otros. Esto se evidenció en que los cambios realizados estuvieron lejos de fortalecer la educación pública y más bien, profundizaron los pi- lares del sistema. En educación, sin duda hubo algunos cambios po- sitivos, como la creación de centros de formación técnica estatales, la expansión de la cobertura JUNJI y el inicio de un tibio proceso de desmunicipaliza- ción. Pero sin desestimar aquello, la columna ver- tebral que articuló la reforma estuvo precisamente en regular el mercado educativo por sobre el for- talecimiento y la expansión de la educación públi- ca. Así, las promesas de inclusión y fin al lucro y de gratuidad en la educación superior terminaron en límites y mecanismos de fiscalización al merca- do y mayores subsidios estatales a los privados. De esta manera, la mayor regulación o la creación de la Subsecretaría de Educación Superior no amenazan los intereses de los mercaderes de la educación. En efecto, la inclusión escolar se financia con mayores subvenciones y la gratuidad funciona prácticamente como una beca, que discrimina según las condicio- nes individuales de los estudiantes e incluso financia instituciones investigadas por lucrar. Ni la ley de educación pública, ni la de universidades estatales fueron suficientes para revertir la tendencia general, menos aún la de carrera docente, que puso a competir y clasificar a los educadores para definir sus remuneraciones. Sin duda, la mayor deuda de la reforma educacional del segundo gobierno de Michelle Bachelet es la re- cuperación, fortalecimiento y expansión de la edu- cación pública como único mecanismo para hacer retroceder al mercado educativo. Las expectativas decepcionadas fueron cobradas por la sociedad en la derrota de Alejandro Guillier y el ascenso de Se- bastián Piñera nuevamente a la presidencia, lo que refleja que si bien la Nueva Mayoría desaprovechó el momento histórico de transformar la educación, la sociedad no ha renunciado a lograr avances en derechos sociales. Los anhelos de cambio que hicieron surgir al Frente Amplio y le permitieron irrumpir en la escena polí- tica son el desafío principal de una nueva coalición. La recuperación de la legitimidad de la democra- cia requiere una política que represente la sentida demanda por derechos sociales, donde la educa- ción ocupa una prioridad fundamental gracias a la continuidad de un movimiento estudiantil alerta y crítico. Para ello se debe dar un paso adelante, pro- fundizando el debate sobre el tipo de educación que necesitamos para la sociedad que queremos. Dicho paso es el que ha puesto sobre la mesa el mo- vimiento estudiantil feminista al cuestionar el se- xismo que reproduce nuestra educación, es decir, la asignación social de roles diferenciados a mujeres y hombres. Ellas dedicadas a las labores de reproduc- ción, como el trabajo doméstico y los cuidados de otros en el contexto privado; y ellos a cargo del tra- bajo formal productivo, en el ámbito público. Esta discriminación influye directamente en los oficios, profesiones y espacios que ocupamos las mujeres, ya sea por obligación o decisión guiada por la culpa o los juicios sociales, que generalmente carecen de valor bajo las leyes del mercado. Es decir, son labores P.56 P.P. / Nº10 2018 / Dossier