Palabra Pública - N°9 2018 - Universidad de Chile

por la policía. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estimó que entre 2014 y 2016 más de 10.000 personas murieron en el Mediterráneo intentando cruzar a Europa. Este dato que ilustra lo que fue bautizado por los me- dios como la “crisis migratoria” no da cuenta, sin embargo, de una realidad nueva, más bien pone en evidencia la intensificación de una situación que viene ocurriendo desde hace al menos tres dé- cadas en las fronteras europea y estadounidense. En 2015 no comenzó nada, fue el año en que se superó el umbral de tolerancia de lo que hasta en- tonces era considerado por los Estados occidenta- les como las consecuencias “normales” de la repre- sión fronteriza. Esto supuso una redefinición de las reglas del juego y de las demarcaciones en las que venía inscribiéndose la relación de estos Estados con los migrantes provenientes del tercer mundo. Si bien desde su origen la democra- cia se ha construido sobre formas de exclusión social y de diferenciación entre ciudadanos y no ciudadanos, la emergencia en la segunda mitad del siglo XX de los derechos humanos como su referente sustantivo mar- có un hito que justamente permitió tensionar este principio de exclusión fundante en la construcción institu- cional de la democracia. La represión en la frontera, por tanto, no contra- dice en principio la noción original de democracia sino que corroe la for- ma específica de democracia que los Estados occidentales decidieron dar- se a partir del término de la Segun- da Guerra Mundial. Lo que entró en crisis con la represión que visibilizó la “crisis migratoria” no fue, por tan- to, la democracia como tal, que históricamente se ha fundado en la exclusión de distintos grupos: las mujeres, los esclavos, los plebeyos, los pueblos ori- ginarios, los pobres y ciertamente los extranjeros, sino la forma contemporánea de la democracia que ha pretendido sentar sus bases sobre los derechos humanos universales. La intensificación de la represión fronteriza que viene dándose desde inicios del siglo XXI en Eu- ropa y EEUU, y a la que la derecha chilena nos ha sumado con entusiasmo, es la radicalización de una política de Estado impulsada de manera con- tinuada y sistemática desde el último cuarto del si- glo XX y específicamente desde la década de 1980. La crudeza y la visibilidad con que esto se expresó el 2015 es el punto culmine de una política de represión migratoria que cuenta con una consistencia de poco más de tres décadas y que con ciertos matices ha sido aplicada por la gran mayoría de los países desarrollados receptores de migrantes. La crisis humanitaria que atraviesa México de sur a norte, en lo que al- gunos han definido como la frontera vertical, que se expresa en el macabro recorrido de la “bestia de hierro”, el tren de carga con el que miles de mi- grantes centroamericanos buscan lle- gar clandestinamente a Estados Uni- dos, o las masivas muertes que dejan los botes rebalsados de migrantes a su paso por las rutas marítimas en el Mediterráneo, no son otra cosa que consecuencias derivadas de la repre- sión y la violencia directa que ejercen los Estados receptores en contra de los migrantes que intentan atravesar “Las políticas restrictivas tienen consecuencias conocidas para el proceso de inserción de los migrantes, dificultan su interacción con la población nacional y precarizan su inserción en el mercado de trabajo”. P.57 Dossier / Nº9 2018 / P.P.