Palabra Pública - N°8 2017 - Universidad de Chile

lo que aconteció con el programa de educación sexual Jocas; o lo que sucede con lo trabajoso que resulta ins- talar políticas públicas relacionadas con el aborto; o en la participación de los gobiernos, representantes de Estado, en ceremonias religiosas, no importa cuán ecu- ménicas sean; o en los símbolos religiosos que soportan las Fuerzas Armadas”. La ambigüedad que existe en esta materia es un hecho que sorprende a Alejandra Araya, doctora en historia y directora del Archivo Central Andrés Bello de la U. de Chile, quien señala que este “es uno de los debates más aplazados y el hecho más soslayado de nuestra historia reciente”. Araya plantea que lo que la Constitución vi- gente garantiza como derecho es la libertad de culto, la libre manifestación de las creencias y la libertad de con- ciencia, lo que permite que “los argumentos religiosos sean válidos en el debate público, que funcionen como norma ética y que, por ejemplo, los representantes de las religiones con personalidad jurídica puedan opinar en los medios de comunicación públicos y estatales”. Impensable en países que se han definido explícita- mente como laicos, señala la historiadora, quien ejem- plifica con el caso mexicano. “Al asumir el presidente Fox, en 1999, su familia le regaló en el acto público de toma de mando un crucifijo. Fue amonestado públi- camente pues es el jefe de Estado y era una ceremo- nia pública de Estado, por lo que estaba fuera de lugar hacer cualquier manifestación pública de su opción religiosa. En Chile, recién en el años 2013 se aprobó un proyecto para modificar el juramento de las autori- dades de la administración pública que dice ‘¿Juráis por Dios Nuestro Señor y por estos Santos Evangelios que, en ejercicio de vuestro ministerio, guardaréis la Consti- tución y las leyes de la República?’, para agregar luego de la aceptación que ‘Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande’”. Asuntos públicos e Iglesia La última elección presidencial se vio cruzada por te- mas “valóricos” y otros derechamente propiedad de determinadas creencias religiosas. Mientras candida- turas como la de la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se manifestaron a favor de un Estado laico y la candidata llegó a decir que “yo, por ejem- plo, no soy creyente y preferiría como Presidenta no participar en un Te Deum Evangélico o del Te Deum Ecuménico al que invita la Iglesia Católica”, el actual Presidente electo, Sebastián Piñera, planteó en su pu- blicidad de campaña que “después de Dios, la fami- lia es lo más importante”. El mismo Piñera, a fines de agosto, señaló que estaba dispuesto, a petición de grupos conservadores ligados a la Iglesia, a “revisar” la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Por su parte, el candidato José Antonio Kast, que después de la primera vuelta se plegó al comando de Piñera, involucró en varios de los capítulos de su franja presi- dencial al influyente pastor David Hormachea, quien llega a millones de personas a través de 800 estaciones de radio cristianas que transmiten su programa en América Latina y que llamó a votar por Kast porque “ama el matrimonio entre un hombre y una mujer y es contrario al aborto”. La académica Olga Grau está totalmente en contra de la intervención de las creencias religiosas en este tipo de debates. “No sólo las campañas políticas deberían carecer completamente de argumentos o afirmacio- nes de carácter religioso en el contexto de un Estado laico, sino que debería existir en el discurso político la total prescindencia de referencias a una religión o Iglesia determinadas que se expresan habitualmente como prueba de firmeza e integridad moral. Un as- pecto positivo de la modernidad fue la diferenciación de lo relativo al ámbito de la fe, de las creencias reli- giosas que pertenecen a la dimensión individual y a comunidades particulares que se forman en torno a esas, de lo referido a la dimensión ética, que se rela- ciona con la dimensión política de los seres humanos viviendo en sociedad y donde las discusiones políticas se deben dar en términos de apelación a la razón”. Lo mismo opina la académica Kemy Oyarzún, doc- tora en filosofía, profesora titular de la U. de Chile y coordinadora del Magíster en Estudios de Género y “Como ha dicho Julia Kristeva, no hemos sido capaces de construir una ética no religiosa. La laicidad no es sinónimo de anti-religioso, ni religioso sinónimo de católico. El imaginario sobre el miedo nos domina cotidianamente y por ello es un tabú decirse laico y es políticamente correcto decirse tolerante o plural”, dice Alejandra Araya. P.43 Dossier / Nº8 2018 / P.P.