Palabra Pública - N°7 2017 - Universidad de Chile

María Olivia Mönckeberg Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, Premio Nacional de Periodismo Lo que existe hoy no es lo que habría esperado como fortalecimiento de las universidades esta- tales. Para una universidad como la Universidad de Chile, que tiene un estatuto democrático, construido con mucha participación de su comunidad, el proyecto, tal como estaba planteado originalmente, antes de todo lo que ha conversado el Rector con autoridades, de las reuniones con la ministra Delpiano, de las exposiciones que hemos tenido en el Parlamento, habría sido desastroso, porque era un golpe a la autonomía universitaria y un sometimiento a criterios tec- nocráticos. A pesar de que la situación mejoró en estas últimas semanas y esperábamos al cierre de esta edición que se incluyeran algunas importantes indicaciones, echo de menos un efectivo compromiso de real fortalecimiento. Porque no hay hasta ahora un aumento de presupuesto basal importante, ni se prevé crecimiento de matrículas -considerando que hoy sólo el 14% de los alumnos de pregrado del total de la educación superior son de universidades públicas-, ni un impulso a la investigación o a la creación. Creo -además- que en el sustrato de un proyecto de ley como el actual está la idea de que es necesario separar la gestión de la academia, que es lo mismo que pasa en la salud cuando se trata de separar a los médicos de la gestión; es necesario desmontar esa idea, porque quienes saben de gestión no son sólo los administradores, como nos quieren hacer creer. Y esa es una de las cosas complicadas del actual proyecto de ley. Asimismo, en todo el proyecto se percibe un criterio que parte de la desconfianza en las universidades del Estado y sus comunidades, y por eso trata de poner a estos personajes designados por el Gobierno en las juntas directivas -que ahora llaman consejos-, sin comprender el real sentido de la autonomía universitaria. Lo complicado es que el país requiere para su desarrollo y para asentar su democracia de universidades públicas sólidas y autónomas para garantizar su fortalecimiento. Roberto Aceituno Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Es necesario comprender este proyecto de ley en sus alcances políticos en relación con el pro- yecto de “reforma” del sistema de educación superior. Dado que este pretendió abordar la reforma con énfasis en la gratuidad y con nula diferenciación y fortalecimiento de la educación superior pública, apuntó a consolidar el sistema actual, más que a reformarlo. En mi opinión, una verdadera reforma no puede sostenerse en el subsidio a la demanda vía gratuidad de aran- celes sin distinguir instituciones públicas y privadas, porque al hacerlo de este modo termina por fortalecer el sistema privado -con recursos del Estado que se agregan al capital acumulado por una oferta empresarial-, que ofrece el 85% de la matrícula del sistema. Al mismo tiempo, al no favorecer el aumento de la matrícula en las instituciones públicas -regulando lo que debía aplicarse a la empresa priva- da- y peor aún, no ofreciendo recursos basales a las universidades del Estado, especialmente a las regionales, fomenta que estas queden libradas a su suerte en un país economizado privadamente al extremo. La lógica de la gratuidad sólo tiene sentido en un sistema donde la educación superior pública, es decir del Estado, se encuentre fortalecida. Este no es el caso. *El presidente de la Fech fue consultado en varias ocasiones para tener su visión sobre este tema, colaboración que no logró concretarse. P.46 P.P. / Nº7 2017 / Dossier