Ciudadanías para la democracia

60 Se trata de un hecho político que obliga a transformar demandas sociales en cambios institucionales. Por mucho tiempo ha predominado en la teoría política una definición de soberanía que, siguiendo a Juan Bodino, la entiende como mandato último. Esta concepción, que proviene de una visión militarista propia del antiguo Imperio Romano, considera que soberano es quien tiene la facultad de mandar y ser obedecido. Es una noción vertical, centrada en la posibilidad de controlar y de reprimir. Contra esa perspectiva, Andreas Kalyvas (2005) propone entender la soberanía como la capacidad de moldear la identidad de una comunidad política. Para Kalyvas, la soberanía es el poder constituyente democrático que establece las reglas de la política ordinaria, es decir, quien constituye y no quien manda es el soberano. Kalyvas se refiere al sentido semántico de la idea de “co- instituir” del poder constituyente, que es la facultad humana y colectiva de inventarse políticamente. “La comunidad tiene esa facultad en forma inmanente y no derivada del derecho o de la voluntad divina”, dice Kalyvas. Al entender la soberanía como poder constituyente y no como mandato, la participación se vuelve crucial. Para co-instituir es necesario participar. Si no participamos en la regla fundamental que nos rige, esa regla no es una Constitución, porque no la co-instituimos. El debate sobre la existencia o no de un momento constituyente en Chile está íntimamente relacionado con la interpretación que tienen distintos actores políticos de la legitimidad con que cuenta la actual Carta Fundamental y de la forma como se evalúan las negociaciones políticas desde la transición a la democracia. Mientras algunos rechazan la Constitución como un legado de la dictadura que no puede ser modificado en sus elementos esenciales siguiendo sus propias reglas (Atria 2013), otros detractores de la dictadura consideran que la actual Carta Fundamental se ha legitimado por los pactos de la transición. Los primeros sostienen la necesidad de un quiebre radical con la Constitución y la creación de un nuevo pacto social y político a través de una Asamblea Constituyente participativa. Los segundos, entre quienes se cuentan algunos integrantes del gobierno de Bachelet, consideran que la Constitución resultante de las reformas de 2005 ofrece un piso político suficiente para la vida democrática. La consecuencia de esta distinta lectura sobre la legitimidad de los acuerdos políticos desde la transición impulsa a sectores de la