Ciudadanías para la democracia

56 información y resumidas en las Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente. Unas 200 mil personas participaron en esta intensa deliberación ciudadana. Adicionalmente, se llevó a cabo un proceso independiente de consulta indígena. Una vez cerrada la etapa de consulta, y en paralelo con el envío en abril de 2017 de un proyecto de reforma al Capítulo XV de la Constitución, que regula los mecanismos de reforma constitucional, el gobierno elaboró un proyecto de nueva Constitución, el que debía recoger la deliberación ciudadana obtenida de la etapa de consulta, llamada “participativa”. El diseño del proceso constituyente incluía así una fase “participativa”, consistente en una consulta ciudadana no vinculante sobre contenidos constitucionales (valores y principios; derechos, deberes y responsabilidades, e instituciones) y una fase “institucional” que contemplaba el envío de un proyecto de Constitución elaborado por el poder Ejecutivo para su discusión en el Congreso. Es relevante señalar que la propuesta consideraba la discusión legislativa por un nuevo parlamento, elegido en 2017 con el nuevo sistema electoral proporcional, lo que idealmente contribuiría a superar los cuestionamientos a la representación de un Congreso electo con el sistema binominal. Si se asume que el problema constitucional chileno se relaciona fuertemente con la ilegitimidad de una constitución impuesta por la dictadura y refractaria, por sus mecanismos contramayoritatios, a la voluntad popular, la respuesta que dio el gobierno podría resumirse como una combinación de participación ciudadana no vinculante para deliberar sobre la Constitución y la invitación a un proceso constituyente en un Congreso Nacional con mejores credenciales de representatividad que las que ha tenido en el pasado. Aunque esta propuesta no cumple los estándares de diseño constitucional participativo planteados, por ejemplo, por Jon Elster (1995), para quien una Asamblea Constituyente ad hoc es preferible a un Congreso ordinario en la elaboración de una Carta Fundamental, podría tener efectos positivos en incorporar a la ciudadanía en el debate sobre la Constitución. La división del proceso en una etapa de consulta y otra institucional, sin embargo, hacía inevitable el cuestionamiento a la incidencia de la participación ciudadana. Como señaló respecto a la experiencia chilena la académica Hélène Landemore, el pasar la información reunida en una etapa de consulta a través del estrecho