Ciudadanías para la democracia

55 La Constitución de 1980, como nunca antes desde la transición a la democracia, se convirtió en un sinónimo de los abusos y la desprotección de los ciudadanos frente al mercado y en la imagen de la desafección con la política institucional. El programa de gobierno de la Nueva Mayoría planteaba como objetivo del cambio constitucional instaurar un estado social y democrático de Derecho y señalaba que para ello se buscaría un camino “institucional, democrático y participativo”. Sin embargo, de inmediato surgieron reparos a que tal combinación fuese factible. No parecía posible modificar bajo sus propias reglas una Constitución diseñada para impedir su modificación sustantiva. La Constitución de 1980 entrega un poder de veto a la derecha política a través de múltiples “cerrojos” y dispositivos contramayoritarios que hasta el año 2017 se combinaban con el sistema electoral binominal, haciendo inviable la obtención de los quórums requeridos para una reforma radical en el Congreso (Atria 2013). En busca de hacer frente a la ilegitimidad que pesa sobre la Constitución, la Nueva Mayoría se propuso acertadamente recurrir a la participación ciudadana. Varias investigaciones recientes han apuntado a la participación como posible mecanismo remedial frente a la crisis de legitimidad institucional que parece afectar a muchas democracias representativas, tornando insuficientes los mecanismos tradicionales de intermediación política como partidos y sindicatos. Frente a escenarios de desconfianza institucional, las reformas políticas de los últimos años en América Latina muestran una creciente adopción de mecanismos de democracia directa y de participación ciudadana en la toma de decisiones. En Chile, la rigidez institucional ha obstruido una posible innovación institucional en este sentido (Soto y Welp 2017). El 13 de octubre de 2015, la Presidenta Bachelet anunció por cadena de televisión una ruta para el cambio constitucional. Esta consistiría en una amplia consulta ciudadana sobre contenidos constitucionales en cuatro niveles: un formulario en línea para ser completado en forma individual; encuentros deliberativos auto- convocados, ajustados a una guía metodológica otorgada por las autoridades, y Cabildos más institucionalizados a nivel provincial y regional. Las opiniones vertidas en todas estas etapas, que en conjunto configuran la “etapa participativa” del proyecto del gobierno, fueron recopiladas por un Comité de Sistematización que trabajó con varios equipos de expertos en procesamiento de