Ciudadanías para la democracia

53 capacidad de agencia del pueblo (Atria 2013) a través de un sistema de “democracia protegida”, es decir, de una forma política que no descansa, como la democracia, en la soberanía popular (Huneeus 2016). La Constitución de 1925, ilegítima en su origen, había sido “apropiada” por la ciudadanía a través del proceso político democrático. Ello fue posible porque la Carta Fundamental “no tenía(n) como finalidad neutralizar sino habilitar, dar forma a lo político. Por eso fue posible que el pueblo (…) fuera progresivamente apropiándosela, de modo que lo que al principio puede haber sido una decisión heterónoma terminó siendo una decisión del pueblo” (Atria 2013: 65). Pero fue precisamente un proceso de apropiación como ese lo que la dictadura se propuso impedir a través de la nueva institucionalidad. El carácter refractario a una concepción democrática de la ciudadanía se encuentra en el corazón del proyecto refundacional de la dictadura cívico-militar. La Constitución de 1980 fue así un retroceso en la construcción de una ciudadanía democrática en Chile. Sus creadores no consideraban, como los demócratas de la antigua Atenas, que el juicio político estuviera equitativamente distribuido entre los seres humanos, sino que veían la participación política como patrimonio de unos pocos más dotados para ella. Poco después del golpe de Estado, el gobierno publicó el 11 de marzo de 1974 la “Declaración de principios del gobierno de Chile”. Esta declaración señalaba, entre otras cosas, que el futuro Congreso Nacional –cerrado durante la dictadura—no se constituiría únicamente a partir del sufragio universal, sino que tendría una “composición mixta” con senadores designados por el Presidente y otros “por derecho propio” en función de su cargo. Algunos de estos designados serían representantes de las fuerzas armadas. También señalaba que la representación política debía prescindir al máximo de los partidos políticos, siguiendo un modelo inspirado en el corporativismo franquista (Huneeus 2016: 244-246). En el discurso que Augusto Pinochet dio en el Cerro Chacarillas el 9 de julio de 1977 se anunciaron las directrices de la futura nueva Constitución. Allí se expresó con claridad el objetivo de impedir la democracia como había existido hasta entonces en Chile. El propósito era establecer un régimen distinto, de democracia protegida y autoritaria, y de orientación corporativista. El nuevo modelo crearía una “autoridad fuerte y vigorosa para defender a los ciudadanos de la demagogia y la violencia”;