Ciudadanías para la democracia

52 redujo significativamente el cohecho y que vino aparejada de una reducción de la edad requerida para votar de 21 a 18 años (Gamboa 2011: 171). El sufragio femenino se instauró en 1934 para elecciones municipales y en 1949 para elecciones presidenciales y parlamentarias. Los analfabetos adquirieron derecho a voto en 1970 (Sagredo 2014: 235-236). La Constitución de 1925 dio cuenta de la progresiva democratización de la política a través de una concepción social de la propiedad que haría posibles transformaciones económicas profundas como la nacionalización del cobre y la reforma agraria. Pablo Ruiz-Tagle (2016: 126) se refiere al periodo de vigencia de esta Constitución, que empezó a regir en 1932, como la etapa “democrática” de la historia política del país, marcada por un constitucionalismo social y por la ampliación de los derechos. La Constitución de 1925 se vio influenciada en su origen por la Constitución de Weimar de 1919, que planteaba una nueva concepción social de la propiedad, distinta de la noción liberal imperante hasta entonces. Si bien la Constitución de 1925 reprodujo en una medida importante la descripción de la propiedad que contemplaba su antecesora de 1833, manteniendo la inviolabilidad de todas las formas de propiedad, estableció también que la privación de ese derecho daría lugar a formas de indemnización y entregó a la ley la posibilidad de imponer limitaciones al derecho de propiedad para mantener “el progreso que requiere el orden social” (Ruiz-Tagle 2016: 134). En la década de 1960, las organizaciones de base y de la sociedad civil se incorporaron crecientemente a la vida política. Una ley de promoción popular 12 impulsada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva buscó fomentar la participación ciudadana en organizaciones vecinales, agrupaciones culturales, deportivas y sociales, y centros de madres, los que adquirieron entidad legal. También se promovió la capacitación a dirigentes populares y sindicales. La llegada al gobierno de la Unidad Popular en 1970 fue la culminación de un proceso de creciente incorporación de sectores populares a la vida política, y un intento de desarrollar el socialismo por la vía democrática. A partir del golpe de estado de 1973, la dictadura cívico- militar se propuso revertir estos acontecimientos y “neutralizar” la 12 Ley Nº 16.880, de 1968.