Ciudadanías para la democracia

51 de soberanía popular, conceptualizado entre otros por Jean Jacques Rousseau, fue central para esta nueva comprensión de la ciudadanía como depositaria del principio de legitimidad del poder político. Con la balanza ahora cargada más hacia los derechos que a los deberes, a mediados del Siglo XX T.H. Marshall desarrolló la idea de ciudadanía como una progresión histórica en la obtención de derechos: civiles, políticos y sociales, en condiciones de igualdad con los demás integrantes de una comunidad política (Marshall y Bottomore, 1992). Marshall abordó el conflicto entre el principio de igualdad implícito en la ciudadanía y las desigualdades de clase de la sociedad capitalista. Otros autores, entre ellos Antony Giddens, respondieron que la ampliación de la ciudadanía a la esfera social no es el fruto “necesario” de su evolución sino el producto de luchas y conquistas que pueden ser revertidas (Pérez 2000: 15). En esa línea, Thomas Piketty argumentaría en 2013 que el desarrollo del capital no tiende naturalmente al Estado de Bienestar, sino a una creciente desigualdad en la distribución de los recursos. Los estados de bienestar europeos, como el Reino Unido de Marshall en 1950, serían producto del efecto redistributivo de fenómenos contingentes como las guerras mundiales (Piketty 2014). La concepción de ciudadanía desarrollada a partir de T.H. Marshall instaló definitivamente en la teoría política la noción de la interdependencia de los derechos económicos y sociales frente a los derechos civiles y políticos. Los derechos sociales pasaron a entenderse como una precondición para la satisfacción de otros derechos, tales como la libertad política. La ciudadanía, entendida como el derecho a participar en las decisiones colectivas, implica condiciones de igualdad civil, política y social necesarias para hacer efectiva esa participación. En el curso del siglo XX, junto a la actividad minera y la industria manufacturera surgieron en Chile organizaciones de trabajadores y un creciente movimiento sindical. La aparición de la política de masas y la consolidación de los partidos obreros a comienzos del siglo XX contribuyó a una progresiva ampliación de la ciudadanía política y a la incorporación de los pobres, hasta entonces completamente excluidos de la toma de decisiones colectivas. Entre los hitos institucionales más relevantes de la ampliación de la ciudadanía política en Chile se encuentra la instauración en 1958 de la “cédula única”, mecanismo electoral que