Ciudadanías para la democracia

44 Y, a su vez, controlar a los funcionarios de la administración uno por uno, dedicándose cada rubro de los intereses de la banca y la gran empresa a los que les atañen a través del omnipresente lobby. Para esta política, los mismos cuerpos legislativos, en todo el mundo, han aceptado progresivamente legislar solo en general, reservando a la administración el poder de establecer las normas concretas y eficaces por simple decreto. Finalmente, es una enorme fronda de funcionarios de segundo orden, anónimos para el gran público, la que decide en concreto todos y cada uno de los actos del Estado. La comisión asesora que establece las políticas y recomendaciones, las comisiones que redactan los reglamentos, las que negocian los tratados, las que establecen los estándares de las licitaciones, las que asignan los fondos concursables. Funcionarios fácilmente sobornables, fiscalizadores escasos y mal pagados, responsabilidades que se ejercen prácticamente desde el anonimato. Y como producto, reglamentos que contradicen flagrantemente las leyes desde las que derivan, contratos que perjudican los intereses del Estado y dañan directamente a los ciudadanos, estándares que benefician generosamente a los empresarios privados, fiscalizadores débiles y castigos irrisorios en comparación a los daños causados. Este es el corazón de la dictadura democrática. Es, en buenas cuentas, más allá de los mecanismos anteriores, esta realidad cotidiana la que convierte a la democracia, formalmente, en una dictadura: la decadencia de la función legislativa y la concentración del poder social en la maquinaria de actos administrativos del poder ejecutivo. Pero aun los funcionarios, cuyas mínimas y parciales recomendaciones pueden tener enormes efectos sociales, deben ser controlados. Se trata de un doble control. Por un lado, la eventual voluntad advenediza de las autoridades de más alto rango es distorsionada y encausada por las decisiones eficaces de los funcionarios menores que los asesoran, o simplemente actúan a sus espaldas. Pero, por otro, el poder de acción de estos funcionarios aislados está gravemente limitado por la naturaleza de su relación contractual. En esto, el Estado chileno ha llegado a ser pionero y líder a nivel mundial: la precarización del empleo estatal permite que cada funcionario por separado tenga que asumir obligadamente una actitud de colaboración y clientela de las mayorías de turno para algo tan elemental y decisivo como mantener su empleo.