Ciudadanías para la democracia

43 a los asesinados y desaparecidos, por otro se declaran secretos por décadas sus testimonios para que no puedan ser perseguidos legalmente: el propio Estado como agente obstructor de la justicia. La decadencia general del horizonte liberal democrático y su conversión progresiva en dictadura burocrática es notoria también en la decadencia general del horizonte garantista del derecho burgués. La creciente práctica de generar normas orientadas a combatir, anular, erradicar “enemigos”, creando tipos penales vagos y genéricos, respecto de los cuales se disminuyen abruptamente las garantías procesales, penales y penitenciarias, permite que la “libertad” democrática, que ya no parece estar amenazada por la tutela militar esté, sin embargo, atravesada lado a lado de vigilancia y represión policial. El constante amedrentamiento de la población en torno a la delincuencia y al terrorismo crea un respaldo social aparente a estas políticas. Un respaldo que no pasa de la operación tautológica de sembrar el miedo y recoger luego la demanda que se crea a partir de él. Incluso, en el extremo, exista esa demanda o no: hace bastante tiempo que sabemos que lo que los medios de comunicación presentan como “lo que la gente pide” no es sino lo que ellos mismos han decidido previamente se debe pedir. Respecto de los “enemigos públicos”, toda voz alternativa es encasillada en una puesta en escena maniqueísta: cómplices, ingenuos o, peor, quizás enemigos ellos mismos. Pero aun con todos estos mecanismos a su favor, las clases dominantes no pueden confiar completamente los asuntos públicos a los políticos, a los que ya en sus formas ideológicas fascistoides anteriores había optado por descalificar y desprestigiar. Sobre todo, aquellos que tengan que recurrir al molesto pero necesario escrutinio electoral siempre serán sospechosos de querer incurrir en políticas populistas y demagógicas. La mejor manera de prevenir estas desviaciones es, simplemente, rebajar la importancia del parlamento y gobernar directamente desde el ejecutivo. La vía para que esto sea realmente eficaz no es, como se podría creer, aumentando el poder del presidente o de un primer ministro como figuras aisladas. Esto sería nuevamente peligroso: demasiado poder en muy pocas manos. La vía eficaz es más bien aumentar el poder de la administración ejecutiva como conjunto frente a los poderes legislativo y judicial.