Ciudadanías para la democracia

42 reproducción en el poder de los grandes bloques políticos mayoritarios, tendiendo a disuadir la aparición de vertientes alternativas. Todos saben, sin embargo, que la forma más efectiva de la “corrupción” política se realiza a través de lo que se llama de manera elegante “lobby”, es decir, la presión constante de cabilderos que representan los intereses de las grandes empresas ante los representantes elegidos. Por supuesto, nuevamente, los burócratas en lugar de prohibir y perseguir tales presiones han optado, exactamente al revés, por legitimarlas, dictando leyes y reglamentos que les ofrecen un manto legal y, a la vez, sistemas de transparencia y fiscalización intencionalmente débiles, exentos de castigos realmente significativos. Y, por cierto, nuevamente, es precisamente en las alardeadas grandes democracias donde este sistema ha llegado al extremo de que los ciudadanos comunes no tienen la menor oportunidad de influir sobre los que se supone son sus propios representantes si no apelan al oficio mediador (y pagado) de estos agentes. En nuestro país, por otro lado, ejemplo de prácticas antidemocráticas, no solo se ha abandonado completamente la idea de dictar una ley contra el lobby, sino que se ha llegado al extremo de aceptar por más de una década un activo lobby para que no haya siquiera una ley que lo regule. Los efectos nocivos del lobby y los financiamientos turbios a las campañas políticas son posibles gracias a la falta general de transparencia de los actos del estado y de sus instituciones asociadas. La tónica general, en todo el mundo “democrático”, no es impedir la transparencia sino, aparentemente al revés, dictar leyes que la consagran. Pero, nuevamente, leyes extraordinariamente débiles, sin fiscalizaciones ni castigos eficaces, provistos de toda clase de mecanismos y mediaciones que impiden el acceso real a la información. Otra vez un primerísimo ejemplo de este doble estándar es la gran democracia norteamericana, donde en principio toda información pública es accesible, sin embargo, hasta en los temas más banales puede ser declarada secreta por simple decreto ejecutivo, y donde la sonada desclasificación de estos secretos veinte o cuarenta años después es burlada simplemente tachando de negro los párrafos inconvenientes en los documentos. También nuestro país es fuente de ejemplos interesantes. Por un lado, se pide a los violadores de los derechos humanos que declaren donde enterraron