Ciudadanías para la democracia

30 opresión, y las líneas fundamentales de lo que puede ser un programa radical al respecto. 2.- La democracia moderna, en general, ha seguido una historia paradójica: mientras su concepto no ha dejado de enriquecerse y crecer en contenido, su práctica real, después de unas cuantas décadas de avances iniciales, se ha empobrecido de manera profunda y progresiva. Se puede rastrear el origen y desarrollo de la democracia moderna, tanto en su concepto como en las luchas para realizarlo, prácticamente hasta los siglos XIII y XIV. Desde la idea de soberanía popular y la demanda por la positividad del derecho en Marsilio de Padua, pasando por las repúblicas italianas, y luego por todos y cada uno de los momentos revolucionarios a través de los que la burguesía fue consolidando su hegemonía como gobierno, su historia es larga y compleja. Su realidad efectiva, masiva, hegemónica, como modelo institucional, sin embargo, no va más allá de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a través de la progresiva ampliación del censo electoral, primero en Francia y Alemania, y luego en el resto de los países de Europa. En rigor, los estándares mínimos de lo que hoy aceptaríamos como un sistema realmente democrático solo fueron alcanzados después de la Primera Guerra Mundial, incluso, en la enorme mayoría de los países del mundo, mucho después de la Segunda. Como contraste, esa es justamente la época (años 20-30) en que empezó a ser vaciada de todo contenido real. Al horizonte democrático, considerado como concepto, se han ido incorporando progresivamente rasgos, condiciones y consecuencias que, como ideal ético y político, lo convierten en la culminación del humanismo moderno. Existe una clara consciencia de que un sistema político democrático requiere ciudadanos autónomos, con altos niveles educacionales y culturales, con pleno acceso a la información y amplia capacidad de expresar, intercambiar y promover ideas. Se considera un requisito mínimo que la voluntad de estos ciudadanos sea representada en la estructura del Estado a través de elecciones abiertas, libres e informadas. Y se considera que un complemento necesario para estos mecanismos de representación es que los actos de la administración estatal sean plenamente transparentes y fiscalizables, tanto de manera directa como a través de organismos independientes sobre los que también

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