Ciudadanías para la democracia

26 reconocimiento de todos los nacidos, la maternidad, la cultura, son imprescindibles para el desarrollo de la población y parte de los bienes comunes o de interés social. Sin duda, no garantizar estos derechos impacta directamente en las posibilidades de ejercer los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, de pensar, de elegir y ser elegido, etc.), no de modo abstracto –como lo señala Marx en el 18 Brumario. Una pregunta que surge es ¿Quién o quienes deben garantizar estos derechos? En las Constituciones revisadas, el Estado asume un protagonismo, tanto para garantizar estos derechos, pero también para delimitar los lineamientos del desarrollo económico, y el carácter de la propiedad y los recursos. En ese sentido, sin definir el carácter de la economía en un horizonte o transición hacia el socialismo y el lugar del Estado en ello, promover y consagrar los derechos sociales para toda la población, se hace espurio. Dicho de otro modo, si bien los derechos que se consagran en las constituciones definen el tipo o modelo de Estado que impera, ellos no pueden ser definidos sin contemplar el modelo económico que lo sostendrá y los modos democráticos que utilizarán para decidir sobre cuestiones centrales de este. Por lo tanto, hacer visible este componente en las constituciones revisadas, articulado a los derechos sociales que se consagran, parece ser parte de una totalidad y que le otorga su distinción de las constituciones que priorizan derechos civiles y políticos en abstracto bajo el modo de producción capitalista. Solo para abrir un debate, aunque no es parte de la preocupación de este artículo, es importante señalar que todas estas constituciones incorporan los derechos civiles y políticos, sin embargo, configuran estos derechos no desde una comprensión de la libertad negativa ni del sistema de las democracias representativas, propio de la impronta liberal, que reduce la noción de ciudadanía a dichas expresiones. Queda entonces, seguir profundizando la noción de ciudadanía que integre y amplíe derechos para toda la población en un diálogo directo con el modo de producción económico –que no es el de libre mercado- que permitirá realizar concretamente estos derechos.