Neoliberalismo, neodesarrollismo y socialismo bolivariano

246 creación y conformación de las comunas, orientado a fortalecer al Estado socialista, participativo, transformador de las fuerzas sociales y sobre todo humanista, como formas de organización social expresada en autogobiernos y caracterizada por la cogestión, capaces de satisfacer las necesidades locales, a través, de la participación e identificación de su problemática y con capacidad para recibir financiamiento o asignación de recursos para lograr el desarrollo socio productivo. Afirmamos que dicho proceso en Venezuela se desarrolla en el ámbito especialmente comunal, ámbito que privilegia el protagonismo de las mujeres, propiciando un modelo de economía organizado desde las bases populares, en procura de diseñar el flujo de la producción de bienes y servicios desde el origen hasta el beneficiario final tomando en cuenta la experiencia y las vivencias típicas de cada comunidad, con el propósito de transformar las relaciones sociales de producción. Todo ello con la finalidad de empoderar a las comunidades con los medios de producción adecuados y en sintonía con el desarrollo endógeno; para lograr mejorar el nivel y la calidad de vida de la población. Conclusiones Encontramos en Venezuela desde 1999 hasta el 2012, con el surgimiento de la Revolución Bolivariana, el desarrollo de una política pública en materia de empleo con orientaciones hacia el sector de la economía social enmarcada en tres etapas fundamentales, las cuales permiten comprender históricamente, como el Gobierno Nacional ha transitado por varios caminos para propiciar una política pública transformadora que propicie el desarrollo de un Estado inclusivo para los/las más pobres. Visualizamos una primera etapa concebida como antecedentes, la concepción de dos políticas fundamentales: el Plan Bolívar (2000) y el Fondo único Social (1999-2001), así como el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico de la ama de casa; políticas que en términos generales buscaban el cambio institucional del Estado, ello a partir de la integración de varios ministerios, y por medio del impulso de la fuerza armada nacional como ente propicio para la ejecución de la política pública en materia de empleo con orientaciones hacia el sector de la economía popular. Reconocemos la existencia y desarrollo de políticas públicas compensatorias que buscaron resolver los graves problemas sociales que afrontaba el nuevo gobierno de 1999, revisar los objetivos y metas del Estado, y reestructurar la administración pública. A pesar de ello, el aspecto de la potenciación y apoyo de las organizaciones de la economía popular estuvo muy poco marcado. Encontramos una segunda etapa que queda identificada a partir del desarrollo de los decretos-ley dentro de la ley habilitante y de las misiones sociales (2001-2005), en la cual se formularon políticas destinadas a promover la inclusión social y la equidad, buscando promover el crecimiento

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