Neoliberalismo, neodesarrollismo y socialismo bolivariano

236 en cuanto a su contenido a través de los aspectos incluidos en la constitución nacional, los cuales en función de garantizar el artículo 3 en relación al bienestar del pueblo por medio de la educación y el trabajo, se formularon para promover el fomento, impulso, apoyo, protección especial y libre desenvolvimiento para la constitución de las organizaciones de la economía popular, entre ellas las cooperativas, como formas de organización colectiva, en la que se establecen como fines esenciales la defensa y el desarrollo de las personas. Se busca facilitar que, el sector microempresario, las cooperativas, las jefas de hogar sin trabajo y, en general, los sectores sin oportunidades en el sistema bancario tradicional tuviesen acceso a los recursos financieros y a la asistencia técnica, para lograr la transformación de la economía informal en un sistema formal de economía popular (González y La Cruz, 2008). La promoción hacia las organizaciones de la economía popular, estuvo delineada en varios aspectos: primero la incorporación de las cooperativas dentro del orden constitucional y en los planes nacionales; y segundo en la búsqueda del desarrollo de una política pública que superara los avatares de las políticas compensatorias y focalizadas promulgadas en años anteriores. Al respecto Lander (2004) refiere para el año 2001 se rechazan las políticas focalizadas hacia los grupos más vulnerables en todos los principales documentos sobre política social, postulando por el contrario la necesidad de otro tipo de políticas tendientes a la equidad social y a la superación de las desigualdades políticas y exclusiones culturales. A través de este nuevo período constitucional se ponen en marcha las políticas públicas que según el presidente Chávez (2004a) llevan implícitas el cambio hacia una sociedad humanista, basada en el respeto pleno a los derechos de la ciudadanía: Salud, Educación, Empleo, Alimentación, Deporte y Cultura. Por otra parte, el modelo económico planteado desde 1999 por el gobierno nacional –y se sigue para el 2001 perfilando de la misma manera- se traduce en el establecimiento de una economía humanista, autogestionaria y competitiva, donde se intenta un sistema económico, que comprenda al hombre y a la mujer como su centro y razón de ser, de tal forma que el quehacer productivo en última instancia, permita condiciones dignas de vida como resultado de una apropiada satisfacción de las necesidades de la población con su participación activa. Ello se enmarca en una organización social de la producción, en la que el mercado como mecanismo fundamental de la asignación de recursos y factores, incorpore formas organizativas complementarias de propiedad social que, como el cooperativismo y las asociaciones estratégicas de consumidores y productores, favorezcan una dinámica de diversificación de la producción y agregación de valor que permita altos niveles de consumo y ahorro, con una masiva creación de fuentes de empleo, asegurando un nivel elevado de ingreso real para las familias. Según Díaz (2006) para el año 2001, entonces comenzaron a observarse los primeros lineamientos de políticas públicas en materia de empleo con