Neoliberalismo, neodesarrollismo y socialismo bolivariano

235 Este fondo en la práctica se ha dedicado fundamentalmente a ejecutar programas tradicionales de tipo social compensatorio, focalizándose en una población vulnerable de niños, adolescentes y ancianos; y por otro, ha dado continuidad a programas de desarrollo social y de tipo educativo, algunos de ellos creados en la década de los noventa (Argüello, 2005). El FUS siempre es el coordinador y supervisor de estos programas. Por medio de los mismos se promociona, difunden, crean y se contratan organizaciones de la economía popular, tales como: cooperativas y microempresas como formas de participación popular en la actividad económica y en la capacitación para el trabajo de jóvenes y adultos bajo los principios de solidaridad social. Acertamos en el desarrollo de esta etapa, la creación de organismos que buscaban la revisión de los objetivos y metas del Estado venezolano, la reestructuración de la administración pública y la transversalización de lo social en todos los organismos públicos, eliminando su ubicación específica en un ministerio. Sin embargo, hubo inexistencia de una coordinación sectorial que direccionara el desarrollo de la política pública en materia de empleo y protección social con orientaciones hacia el sector de la economía popular para este período. Segunda Etapa: Ley habilitante y Misiones Sociales (2001-2005) A partir del desarrollo de las políticas públicas reseñadas en la etapa anterior, el Estado venezolano con la necesidad exclusiva de transformar el aparato público y concretar los lineamientos emprendidos desde el Gobierno Nacional, para el año 2001, desarrolla un conjunto de leyes y planes que despliegan la formulación de una política pública enmarcada en los postulados emanados de la CRBV. Frente a este marco constitucional, la gestión pública en general se transforma, a lo cual es necesario agregar que las nuevas leyes aprobadas, tienen como rasgo fundamental la participación ciudadana bajo diversas formas, cuestión que crea condiciones favorables para la formación de políticas públicas para que persiguen la inclusión social (Ochoa, 2003). En tal sentido, a partir del año 2001 el Gobierno Nacional se propuso impulsar la economía popular en el país, tomándolo como punta de lanza de su gestión, situación que en la implementación de las políticas públicas reseñadas en la etapa anterior estuvo poco promovida. Se buscó incorporar a la economía popular a través de variados mecanismos desarrollados en todos los niveles de la vida del país, llevada a cabo por medio de los aspectos necesarios con rango constitucional, además de la formulación y diseño de políticas públicas de Estado enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDESN) 2001-2007. Esto se debe a que la promoción de la economía popular, particularmente en las cooperativas, se concibe como una política del proyecto de transformación, con incidencia en las condiciones de vida de la población y en la democracia participativa. Dicha política estuvo orientada