Neoliberalismo, neodesarrollismo y socialismo bolivariano

208 indexadora de beneficios previsionales y asistenciales, como el BPC. ¿Y como no elevar gastos obligatorios con el crecimiento de la población, especialmente de la población de mayor edad? Si hoy Brasil tiene 206 millones de habitantes, de los cuales 16,8 millones están encima de los 65 años, se estima que, en 2036, seremos 227 millones, de los cuales 36 millones tendrán más de 65 años, según el IBGE. O sea, hay un decrecimiento relativo de jóvenes y un aumento de la población mayor. ¿Cómo contener los gastos obligatorios en ese contexto? Por eso ellos insistieron en la contrarreforma de la previsión, que ya en el ambiente de desgaste y disputa electoral en 2018, fue derrotada en la práctica y sacada momentáneamente de la pauta. iv. Al colocar ese gran distractor en la agenda, la EC 95 sacó del debate la reforma tributaria, el problema de la deuda pública y el problema de la deuda activa, donde se podría encontrar caminos diferentes para enfrentar la crisis del presupuesto y del gasto. v. La Nota Técnica 27, del IPEA, apuntaba una tendencia a la pérdida de recursos de la Asistencia Social de 199 billones en 10 años y de 868,5 billones en 20 años para la política donde se sitúan los programas de transferencia de renta (BPC y PBF). El BPC se volvería insustentable a partir de 2026 con el techo de gastos para o MDSA (Ministerio de Desarrollo Social). Ya en el paso de 2015 a 2016, después de años de crecimiento significativo (aunque insuficiente), el presupuesto de la asistencia social cayó 1%. Hablemos también de la contrarreforma de la previsión que se anuncia desde que el gobierno Dilma creí un Grupo Técnico, cuyo resultado fue presentado en mayo de 2016. Sara Granemann (2016), en un muy buen texto en el Blog Junho, detalla el diagnóstico presentado que apuntaba: la necesidad de recursos para la previsión, que vendrían del aumento de la alícuota de contribución de los funcionarios públicos del 11% al 14% o 20%; cobrar contribución a los jubilados del Régimen General para la previsión; unificar los regímenes de previsión. Nada se habló sobre la deuda activa y la conocida retención empresarial de la previsión. Se puso en pauta la elevación de la edad mínima de jubilación cuando la media de vida en algunos estados brasileros es de 66 a 68 años, especialmente en algunos estados del Nordeste. De esta forma, se trata de morir trabajando y no disfrutar de la vejez con dignidad. Se aboga por la extinción de las diferencias entre hombres y mujeres, ignorando todo el debate sobre la doble, y a veces triple jornada de las mujeres en el contexto de la sociedad patriarcal brasilera. Aplicar un reductor del costo de las pensiones por muerte. Penalizar los trabajadores rurales “que no contribuyen”, al mismo tempo en que la contribución del agronegocio altamente lucrativo es tratada con lenidad. Y finalmente, desvincular los beneficios del salario mínimo, medida cuya relación con la EC 95 es evidente. Si pensamos en la intervención empresarial cínica que reivindica una jornada de trabajo de 80 horas, establecida por cambios en la