Neoliberalismo, neodesarrollismo y socialismo bolivariano

207 de los EUA hoy, de 101%; de la zona euro hoy, de cerca de 90,7 %; de Japón, de 229,2%. El país no está quebrado como chantajean los defensores de esas medidas. ii. Laura Carvalho (2016), profesora de la USP (Universidad de Sao Paulo), sin duda ha levantado los argumentos más consistentes contra la EC 95. Para ella, y tengo entera concordancia con eso, Dilma ya venía realizando un duro ajuste fiscal al final de su primer mandato, con medidas relacionadas al seguro-desempleo y pensiones, sin crecimiento en el gasto en personal y en el gasto social y con contracción en las inversiones. En el primero año de su mandato, la inversión se contrajo más de un 30%. Para la profesora, la crisis fiscal no provino del crecimiento de los gastos, sino de la disminución de presupuestos impactados por las políticas de exención fiscal. Por otro lado, la gestión macroeconómica del Banco Central mantuvo elevadas las tasas de interés con impacto sobre parte de la deuda indexada por la SELIC (Sistema Especial de Liquidación y de Custodia [ para títulos federales ]). Si el problema es de presupuesto, ¿por qué atacar el gasto? Si la inflación tiende a ir al encuentro de la meta, o sea, a la caída, ¿cuál es la razón de esa rigidización del Estado, especialmente del Estado Social en un plazo tan amplio? Para la economista, la EC 95 no tiene relación con la inflación, cuyo impulso se dio con la liberación de precios administrados por el Estado, y no con el gasto público. Laura Carvalho critica duramente el axioma de que el controle rígido del gasto público lleva a la mítica confianza. Para ella, eso no aconteció con el duro ajuste de corto plazo de Dilma, que inclusive vetó la necesaria y urgente Auditoria de la Deuda, aumentó el superávit primario en 2011 y realizó un recorte monumental de gastos en 2014 y 2015, y no habría ninguna evidencia de que podría ocurrir ahora. Laura Carvalho informa que hoy 22 países del mundo tienen reglas de gastos, pero en ninguno de ellos la regla es para 20 años. En la mayoría se establecen parámetros año a año – como además era el caso brasilero. Especialmente, esas no son reglas constitucionales. Así, en mi opinión, lo que está siendo propuesto es de un aventurerismo irresponsable inimaginable, que independientemente del desempeño económico, congela los gastos primarios del presupuesto público brasilero, al mismo tiempo en que libera la apropiación del fondo público por el capital portador de intereses y por los especuladores. El motor del crecimiento serían las concesiones y alianzas público privadas, verdaderas estafas al fondo público. Por otro lado, se habla de una estagnación secular de la economía internacional, poco prometedora para las inversiones extranjeras, por ejemplo. Y con la masa de desempleados, hay tendencias claras de caída en el consumo. iii. En caso de no cumplimiento de la EC 95, están previstas sanciones. Aquí hay una clara conexión entre la EC 95 y la contrarreforma de la previsión, pues una de esas sanciones es no poder elevar los gastos obligatorios, lo que atropella la recomposición del salario mínimo,