Neoliberalismo, neodesarrollismo y socialismo bolivariano

196 extremamente limitados; y programas sociales y ambientales de relevancia fueron paralizados. Vale decir que los términos de aquel acuerdo han orientado la política económica brasilera a lo largo de los últimos 33 años, pese a las diferentes gestiones de gobiernos. Se constata que disminuyó, en realidad, el costo del Estado en políticas públicas fundamentales, mientras que la crisis fiscal fue profundizada por costos con un sector parasitario, sustentado por las altas tasas de interés: un Estado mínimo para los pobres y trabajadores, y un Estado máximo para el capital financiero (Netto, 1993). Otro aspecto a destacar en la contrarreforma neoliberal del Estado fue el Programa de Publicización, que se expresó en la creación de las agencias ejecutivas y de las organizaciones sociales, así como de la reglamentación del Tercer Sector para la ejecución de políticas públicas, con énfasis en la política social. Esta última estableció un Término de Asociación con ONG e Instituciones Filantrópicas para la implementación de las políticas. A esa nueva arquitectura institucional en el área social – siempre ignorando el concepto constitucional de seguridad - se combinó el servicio voluntario, el cual desprofesionalizaba la intervención en esas áreas, remitiéndolas al mundo de la solidaridad, de la realización del bien común por los individuos, a través de un trabajo voluntario no remunerado. y A partir de ahí, se instalan las siguientes tendencias, considerando que las nociones de Estado y de política pública se diluyen en esa constelación de unidades autónomas y competitivas entre sí: superposición de acciones; administración orientada a la rentabilización de los recursos, en detrimento de los fines; sumisión de los fines públicos a los intereses privados, reeditando prácticas de rent seeking dentro del modelo que afirma querer combatirlas, a medida en que el nuevo sector puede buscar fuentes de financiamiento extra-presupuestarias y hacer aplicaciones en el mercado financiero, entre otros mecanismos; continuidad de prácticas clientelistas, en la medida que la admisión de los funcionarios no se dará necesariamente por concurso público, y la demisión también queda a criterio de los dirigentes de turno, lo que deja a los funcionarios a merced de la ocasión, quebrando, en el mediano y largo plazo, la continuidad y la memoria administrativa en las instituciones ahora autónomas; y la desprofesionalización de intervenciones que exigen conocimiento técnico especializado. Otro elemento fue la separación entre formulación y ejecución de las políticas, donde el núcleo duro del Estado formularía y las agencias autónomas implementan. Para Diniz, el énfasis en la capacidad técnica concentrada en los altos escalones burocráticos y el refuerzo del núcleo duro del Estado acentuarían el divorcio con la política, percibida, crecientemente, como fuente de distorsiones y de irracionalidad o, incluso, como foco de prácticas predatorias, como el clientelismo y la defesa de privilegios corporativos (1998: 45) [traducción propia]. El contrapunto que se ofreció fue frágil: mecanismos de fiscalización de los Contratos de Gestión (agencias ejecutivas y organizaciones sociales) y