Neoliberalismo, neodesarrollismo y socialismo bolivariano

167 favor de los intereses y despliegue del mercado, lo cual impacta negativamente en las democracias y sus actores, ya que subordina lo social y político a la economía (Harvey, 2007) . Al respecto, adquieren centralidad el individuo, el autointerés, la libertad negativa (de no interferencia), la propiedad privada y el consumo, como motores de los sujetos y de la sociedad (concebida como la unión de varios átomos), donde existe un Estado “mínimo” que interviene en los nichos donde el mercado no lo hace (Garretón, 2012). Claudio Katz (2015) señala dos etapas del neoliberalismo, a nivel de su implementación en la región latinoamericana: En los años ochenta, prevalecieron las ʽ reformas de primera generación ʼ con prioridades de ajuste antiinflacionario. En el decenio siguiente predominó el ʽ Consenso de Washington ʼ con transformaciones complementarias de apertura comercial, privatizaciones y flexibilización laboral. En el primer período se introdujeron políticas de shock para recortar el gasto público social y elevar las tasas de interés. Estas medidas fueron justificadas con criterios neoclásicos de equilibrio que realizaban la primacía del mercado en la asignación de los recursos. (...) En la segunda fase neoliberal se afirmó que el saneamiento del escenario macroeconómico regional ya permitía abrir las compuertas de la eficiencia, desmantelando empresas estatales y eliminando protecciones arancelarias. (…) Con el pretexto de restaurar patrones de riesgo, esfuerzo y productividad se propició la reducción de los ingresos populares y el aumento de la desigualdad (Katz, 2015: 81-82). Respecto del caso chileno, con la dictadura cívico-militar del año 1973 se impusieron medidas que refundaron la estructura de la sociedad en lo económico, político, social y cultural. Si bien, son reformas muy similares a las que luego se aplicaron en el resto del continente desde mediados de la década de 1980, algunos autores hablan de que Chile fue el “laboratorio” neoliberal, por su sello ortodoxo y lo temprano de su aplicación, bajo un contexto de autoritarismo y represión. En el campo económico, se impuso una “política económica ortodoxa, caracterizada por la apertura al comercio internacional unilateral, la reducción drástica del gasto público, la fijación de un tipo de cambio nominal, la liberalización financiera, y, especialmente, el control estricto de las relaciones laborales” (Gárate, 2012: 191). En el ámbito social y político, se intensificó la entrada de los “entes privados” o empresas en la administración de servicios y derechos sociales, cuestión que se evidenció en las reformas laborales, educacionales, de salud y del sistema de pensiones. Se trata, según Ruiz y Boccardo (2014), de un nuevo modelo de acumulación capitalista que reconfiguró las relaciones entre clases y grupos sociales, gestó un nuevo escenario social conducido por la alianza social dominante: los sectores más internacionalizados del empresariado, provenientes del sector financiero, los civiles tecnócratas y las Fuerzas Armadas.