Memoria Institucional del Senado Universitario 2006 - 2018 - Universidad de Chile

Memoria Institucional del Senado Universitario de la Universidad de Chile 2006-2018 29 Las consideraciones El problema del gobierno universitario es particularmente complejo. Una de las razones más decisivas para esa complejidad tiene que ver con el hecho de que la universidad es un organismo social particularmente delicado, en virtud de su finalidad fundamental: la formación y desarrollo de sujetos constituidos en tales por su relación con el saber. Si en todo organismo social el gobierno debería ser la consecuencia de las necesidades de organización, administración, regulación y proyección de los miembros que lo conforman y de sus prácticas y relaciones con vistas a ciertas finalidades, esta condición se torna especialmente relevante cuando se trata de la universidad. El pleno despliegue del saber encarnado en individuos y grupos presupone un ámbito de libertad y pluralismo que, en su nivel más intenso y más exigente —el de la creación y la inventiva—, apunta a lo incondicionado. El gobierno, en cambio, implica la “puesta en forma” de esa libertad y de esa heterogeneidad constitutiva, la designación y regulación de sus condiciones y modos de ejercicio, lo que trae consigo también, inevitablemente, su delimitación. Existe, pues, por principio, una tensión originaria entre la fina- lidad del organismo universitario y la necesidad de su gobierno. Resolver el pro- blema de este último significa articular esa tensión, permitir que en todo momento y en toda instancia tenga abierta la oportunidad de expresarse, sin cortedades ni inhibiciones. El gobierno universitario no puede restringirse únicamente a la admi- nistración de una realidad dada, sino que tiene que mantener abierto el juego de las posibilidades que tiene lugar en el ámbito de la libertad de saber. Como la consecuencia más general que se desprende de estas consideraciones sur- ge la siguiente: no se puede definir el gobierno universitario sin reconocer aquello que en la universidad, en su vida y sus prácticas, es esencialmente ingobernable. El gobierno universitario no ha de querer convertirse en el regente omnímodo de todos los aspectos de la vida universitaria, ni buscar la reglamentación exhaustiva su quehacer, ni siquiera pretender la programación de sus fuerzas de cambio. En determinadas zonas (las más importantes desde el punto de vista de la finalidad), es precisa una cierta liviandad de la administración, una cierta discreción de la estructura, la preservación de un margen en que lo incalculable (de la crítica, la in- ventiva, el hallazgo y la experiencia) tenga sitio despejado y posibilidad de medrar. Lo que solemos llamar la “vida universitaria” es particularmente sensible respecto de la imposición de encuadres rígidos e inhibitorios. Esto implica que la estructura debe ser articulada en un sentido predominantemente funcional, de modo que las normas y ordenanzas no sean experimentadas por la comunidad como dictámenes verticales irrecusables, sino que sean efectivamente asumidas por ella sobre la base de la transparencia, la adecuada información y el derecho no meramente simbólico al disenso. En este sentido, la participación, entendida como relación reflexiva y dialogante de la comunidad en el contexto de la toma de decisiones es el contrapeso imprescindible a la orientación vertical de la estructura. Pero ciertamente hay también una organización de aquella libertad que debe expresar- se en el gobierno. Lo que determina desde un principio que el saber y su libertad tomen cuerpo es la necesidad de su articulación operativa, su inscripción social y su transmisión histórica. Una universidad responde a la exigencia de proponerse explícitamente esa articulación en un contexto histórico y social. Esto hace que no solo sea una fábrica o