Memoria Institucional del Senado Universitario 2006 - 2018 - Universidad de Chile

Memoria Institucional del Senado Universitario de la Universidad de Chile 2006-2018 183 destinados a fines privados. La sociedad no debe quedar expuesta tan solo a la simple yuxtaposición de pro- yectos particulares, que muy fácilmente generan mundos sociales segregados. Para garantizar la educación como derecho el Estado debe jugar un papel cen- tral, en el entendido de que es este el único que se encuentra en la obligación de asegurar y garantizar la generación del espacio público en el cual se produce la disputa democrática, cuestión a la cual puede aportar el espacio privado, no obstante, no posee una obligación de origen. Es por tanto el Estado quien debe asegurar la promoción y regulación de una Red Nacional de Educación Superior Pública basada en principios exigibles y, por supuesto, mediante un financia- miento acorde a esta tarea por parte del Estado. Lo “público” y criterios mínimos de “calidad” o “buena enseñanza” deben ser con- ceptos que la actual reforma deje claramente establecidos al menos en sus bases fundamentales. Desde nuestra mirada, cualquier construcción conceptual acerca de un sistema público de educación superior en Chile debe partir de lo que es la red estatal de universidades y lo que será la red de Centros de Formación Técnica (CFT) del Estado como principio básico de entendimiento de lo público y, por tan- to, de responsabilidad del Estado. Así mismo, cualquier construcción conceptual de “calidad” y/o “buena enseñanza” debe partir del interés y la pertinencia pública nacional, con sus principios de democracia, desarrollo humano y social como funda- mentales; calidad será lo que aporte exitosamente en esta dirección y no otra cosa. 3.- De esta forma, lo que más nos preocupa sobre el PLES presentado es que no hay una toma de posición precisa, clara y contundente por las IES estatales y públicas. Esto marca al proyecto en una dirección contraria a lo que demandan los actores so- ciales, académicos y políticos, quienes durante décadas han reivindicado a estas ins- tituciones como generadoras de profesionales y conocimientos al servicio del país. Esto se manifiesta de una manera especialmente grave en lo que toca a las propuestas del PLES sobre gobierno universitario en el caso especial de las uni- versidades estatales. Nos parece que la propuesta de establecer una Junta Di- rectiva cuyas atribuciones eliminan varias de las atribuciones legales del Senado Universitario presentes en el Estatuto de nuestra Universidad –la institución cen- tralmente participativa de la Universidad de Chile– y cuya composición otorga una representación injustificadamente exagerada a los gobiernos –a través del Sistema de Alta Dirección Pública– daña severamente la autonomía de la comuni- dad universitaria, termina abruptamente y sin argumentos con una tradición de gobierno que va desde 1843 a 1973, para adoptar formas de gobierno académico establecidas por los decretos de la dictadura. Se trata de formas de gobierno, que si bien existen en algunos países anglosajones, introducen un corte sin jus- tificación, con una tradición cultural y un imaginario social sobre la universidad, que definen lo que son culturalmente estas instituciones en América Latina. A lo anterior se suma que el financiamiento a las universidades estatales aparece li- gado a la forma de gobierno que estas asuman, generando una imposición al sistema universitario estatal. Esta situación particular (la condicionalidad del financiamiento de las Universidades Estatales a una determinada forma de gobierno) no tiene una