Contribución al debate de la reforma a la educación superior

11 como principio básico de entendimiento de lo público y, por tanto, de res- ponsabilidad del Estado. Así mismo, cualquier construcción conceptual de “calidad” y/o “buena enseñanza” debe partir del interés y la pertinencia pública nacional, con sus principios de democracia, desarrollo humano y social como fundamentales; calidad será lo que aporte exitosamente en esta dirección y no otra cosa. 3.- De esta forma, lo que más nos preocupa sobre el PLES pre- sentado es que no hay una toma de posición precisa, clara y contun- dente por las IES estatales y públicas. Esto marca al proyecto en una dirección contraria a lo que demandan los actores sociales, acadé- micos y políticos, quienes durante décadas han reivindicado a estas instituciones como generadoras de profesionales y conocimientos al servicio del país. Esto se manifiesta de una manera especialmente grave en lo que toca a las propuestas del PLES sobre gobierno universitario en el caso especial de las universidades estatales. Nos parece que la propuesta de establecer una Junta Directiva cuyas atribuciones eliminan varias de las atribuciones legales del Senado Universitario presentes en el Estatuto de nuestra Universidad –la institución centralmente participativa de la Uni- versidad de Chile– y cuya composición otorga una representación injus- tificadamente exagerada a los gobiernos –a través del Sistema de Alta Dirección Pública– daña severamente la autonomía de la comunidad uni- versitaria, termina abruptamente y sin argumentos con una tradición de gobierno que va desde 1843 a 1973, para adoptar formas de gobierno aca- démico establecidas por los decretos de la dictadura. Se trata de formas de gobierno, que si bien existen en algunos países anglosajones, introducen un corte sin justificación, con una tradición cultural y un imaginario social sobre la universidad, que definen lo que son culturalmente estas institu- ciones en América Latina. A lo anterior se suma que el financiamiento a las universidades es- tatales aparece ligado a la forma de gobierno que éstas asuman, generando una imposición al sistema universitario estatal. Esta situación particular (la condicionalidad del financiamiento de las Universidades Estatales a una de- terminada forma de gobierno) no tiene una justificación clara ni expresa –ni en el proyecto ni en el mensaje del mismo- constituyendo más bien una forma de control interno ex ante respecto de fondos públicos que, eventualmente, pondría en entredicho la autonomía universitaria en alguna de sus esferas