Contribución al debate de la reforma a la educación superior

10 privadas y públicas de acuerdo a una cierta idea de libertad de enseñanza y de libertad de conciencia, pero sin que esto implique financiamiento público del sistema privado. Habría tal vez que repensar, en este sentido, lo que las leyes de educación superior anteriores identificaban como una colaboración con la función del estado en educación, pero sin que esto significara descono- cer el carácter central del sistema estatal, el único que tiene la obligación de garantizar derechos sociales. En este sentido, pensamos que debe haber un pilar público del siste- ma de educación superior, donde las universidades estatales jueguen un rol fundamental. Una sociedad republicana y democrática no puede renunciar a una idea de universidad que pueda fortalecer un encuentro de las diferentes clases de la sociedad en un diálogo en común y permanecer indiferente frente al hecho que las universidades solo respondan a proyectos individuales. Las universidades estatales deben garantizar la diversidad cultural y social del país en su misma composición. Ese es su sentido y su deber. Las autoridades deben representar a sus comunidades. Deben proteger la integridad de la ciencia como interés público, en tiempos en que la ciencia y el conocimiento pueden ser apropiados y destinados a fines privados. La sociedad no debe quedar expuesta tan sólo a la simple yuxtaposi- ción de proyectos particulares, que muy fácilmente generan mundos sociales segregados. Para garantizar la educación como derecho el Estado debe jugar un papel central, en el entendido de que es este el único que se encuentra en la obligación de asegurar y garantizar la generación del espacio público en el cual se produce la disputa democrática, cuestión a la cual puede aportar el espacio privado, no obstante, no posee una obligación de ori- gen. Es por tanto el Estado quien debe asegurar la promoción y regulación de una Red Nacional de Educación Superior Pública basada en principios exigibles y, por supuesto, mediante un financiamiento acorde a esta tarea por parte del Estado. Lo “público” y criterios mínimos de “calidad” o “buena enseñanza” deben ser conceptos que la actual reforma deje claramente establecidos al menos en sus bases fundamentales. Desde nuestra mirada, cualquier construcción conceptual acerca de un sistema público de educación su- perior en Chile debe partir de lo que es la red estatal de universidades y lo que será la red de Centros de Formación Técnica (CFT) del Estado